El templo recauda 100 millones al año

No recibe dinero público, aunque durante años gozó de un privilegio económico, el de no pagar la licencia de obra al Ayuntamiento. La basílica gaudiniana estuvo casi siglo y medio sin solicitar ni abonar este permiso, entre otras razones porque ningún gobierno municipal se lo pidió nunca. La construcción del templo se hacía cargo de la luz, el agua y el gas, pero no pagaba impuestos municipales. Tampoco el IBI, como todas las iglesias.

Este privilegio se acabó durante el anterior mandato de Ada Colau. «En 2018, se regularizó la situación urbanística de las obras y se dio así respuesta a un tema pendiente desde hacía más de 130 años», afirman desde el Consistorio. «Se llegó a un acuerdo histórico para que el templo contribuyera significativamente a financiar los gastos municipales que generan sus actividades», aseguran. Y por primera vez se le concedió la licencia de obras. Desde 2018, la Sagrada Família ha pagado 11,5 millones al Ayuntamiento, de los 36 previstos en 10 años por impuestos de construcciones, instalaciones y obras. Por la licencia, las arcas municipales ingresaron 4,6 millones.

Esta anomalía proviene del siglo XIX, en el inicio de las obras, cuando el actual emplazamiento del templo no pertenecía a la ciudad de Barcelona, sino a Sant Martí de Provençals, que ya en el siglo XX acabó integrándose en la capital catalana. Sant Martí expidió un documento de obras, pero no se podía equiparar a una licencia de obras. «¿Cómo puede ser que el templo durante siglo y medio haya hecho lo que ha querido y que nadie dijera nada?», pregunta Salvador Barroso, de la asociación de vecinos. Misterios de las obras faraónicas, apuntan los vecinos.