El Supremo califica de «violencia económica» el impago de la pensión alimenticia

El hombre, J. M. R., había contraído matrimonio con M. P. en 1986 y tuvieron dos hijos, uno nacido en 1990 y otra en 1993. En 2003 se separaron. Los niños quedaron con la madre. La expareja se repartió los bienes: casa, finca, coches, empresas. Él debía abonar 360 euros al mes, en «concepto pensión de alimentos», según el acuerdo al que llegaron.

Pero con los años, J. M. R, nacido en 1959 en Bilbao, recurrió a una estrategia de descapitalización hasta llegar a percibir el paro en 2010 y a subastar bienes. En 2015 comenzó a incumplir con los ingresos destinados a los alimentos de sus dos hijos, «a pesar de tener capacidad económica» y sólo abonó la «mitad de los gastos extraordinarios». Los siguientes años siguió el mismo comportamiento, variando unos meses el monto o el concepto. Llevado a juicio en primera instancia se le condenó a pagar los 34.600 euros por las pensiones impagadas y, por alzamiento de bienes, a una pena de tres años de prisión.

Ahora el Supremo ha añadido la pena de seis meses de prisión por el incumplimiento «moral» y «judicial» del pago de la pensión alimenticia, pero ha rebajado a la mitad el tiempo de condena por alzamiento de bienes, del que se comprueba la «ocultación y sustracción de los bienes y activos pertenecientes a la sociedad».