La Reina de la Coca cumplirá 16 años de cárcel por blanqueo y pagará 21 millones de multa

Los magistrados de la Sala Segunda (Penal) han desestimado los argumentos de las defensas, que recurrieron la sentencia de 2022 al entender que hay pruebas suficientes que acreditan la existencia de una organización criminal en la que Cameno actuaba como directora u organizadora.

La Reina de la Coca, nacida en Burgos hace 52 años y que construyó una red sin padrinos, fue detenida el 26 de septiembre de 2014 en la Línea de la Concepción (Cádiz), acusada de dirigir la distribución de cien kilos de cocaína en distintos puntos de España. Además del delito contra la salud pública, ha sido condenada por blanquear varios millones de euros en el paraíso fiscal de Panamá a través del «chiringuito financiero» Bandenia, radicado en la localidad madrileña de Las Rozas.

Cameno recurrió al Supremo al considerar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, así como su derecho al secreto de las comunicaciones y a un juicio con todas las garantías. También alegó que la Audiencia Nacional había apreciado mal varias pruebas que se presentaron en su contra. Ahora, el tribunal rechaza la tesis de que se le condenó «por conjeturas» y ha defendido que hay «pruebas sólidas del destino al tráfico de drogas» y de «la utilización de los fondos económicos» obtenidos del narcotráfico para «ser lavados». A su vez, ha considerado probado que utilizó «estructuras societarias para conseguir el blanqueo de estos capitales de ilícita procedencia».

Para el Sala, los hechos probados recogidos en la sentencia de la Audiencia Nacional describen la participación de cada uno de los condenados dentro de esa organización, con estabilidad y reparto de tareas al servicio del delito para «la consecución de la actividad delictiva del tráfico de drogas y que luego se deriva al blanqueo de capitales».

A lo largo de 238 páginas, el tribunal ha recuperado el relato de la Audiencia Nacional en el que explica cómo Cameno, que ya había sido encausada en distintas operaciones de narcotráfico, se dedicó a pesar de estar en libertad vigilada a la «distribución y venta a terceros de importantes cantidades de cocaína».

En el desarrollo de esa actividad, mantuvo contactos regulares con suministradores y con encargados del transporte de la sustancia y, «junto con la que era su pareja sentimental en aquel momento, se ocupaba de los pagos correspondientes a las ventas de esta sustancia, así como de los contactos con la red encargada de darle soporte técnico, jurídico y financiero».

Según consta en la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, Cameno «adoptaba medidas de seguridad extremas, evitando en lo posible las comunicaciones telefónicas, valiéndose de terceras personas y realizando encuentros personales, en el interior de los distintos vehículos de los que era usuaria y en otros lugares».

Además, para el transporte de la cocaína Cameno «hacía uso de distintos vehículos, siempre a nombre de terceros, que habían sido manipulados para alojar en una caleta oculta» la droga. Estos coches, a su vez, «eran conducidos por otros miembros o colaboradores de su organización criminal, a quienes Cameno daba instrucciones para recoger la droga y entregarla a los compradores».

Tras su detención, el 31 de julio de 2014, los agentes entraron en el chalé de la narco de las afueras de Madrid y la arrestaron junto a su entonces pareja. En su coche hallaron 20 kilos de cocaína y un kilo más en otro registro de su casa rural en Medina del Campo (Valladolid). La operación de la Guardia Civil se extendió de forma posterior a las localidades madrileñas de Las Rozas, Miraflores y Boadilla del Monte, y también a Cádiz. Hubo 20 detenidos, 100 kilos intervenidos y 148.000 euros incautados.

La Sala de lo Penal ha ratificado también las penas impuestas de entre cuatro y nueve años de prisión a diez integrantes de la organización criminal. Se trata de Graziano Molón y Carmen Cano, quienes deberán abonar además 15 millones de multa cada uno como autores de un delito contra la salud pública. Miguel Ángel López, tres millones; Rubén Isaac Blanco, cinco millones de multa; José Tomás Moya, 200.000 euros; Guillermo Velasco, 150.000 euros; y David García, Marco Antonio Gómez, Guillermo Guadalix y José Miguel Artiles, 1,2 millones cada uno por blanqueo de capitales.