El Open Arms busca un puerto seguro tras rescatar a 124 migrantes en el mar

El Open Arms, que zarpó de Barcelona el pasado abril tras cuatro meses retenido y solo tras recibir la autorización del Gobierno a cambio del compromiso de no realizar labores de rescate, se enfrenta ahora a una multa de hasta 900.000 euros por desobedecer al Ejecutivo , a lo que se añade la amenaza del ministro del interior italiano, Matteo Salvini, de sancionar a la ONG con otros 50.000 euros si se adentra en sus aguas territoriales.

Un año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez accediese recibir a los migrantes rescatados por el Aquarius –630 personas desembarcaron en Valencia– debido al cierre de los puertos en Italia y Malta, la crisis migratoria vuelve a crearle un quebradero de cabeza. Ahora, además, con el Ejecutivo en funciones. El pasado jueves el buque español llevó a cabo el primer rescate tras el veto sufrido por el Gobierno socialista. «Se hundía. Entraba agua y había escorado tanto que estaba a punto de naufragar» describió el fundador de Open Arms, Oscar Camps, para justificar la asistencia a la embarcación en la que viajaban los migrantes, entre ellos 16 mujeres con signos de haber sido «esclavizadas, torturadas y abusadas sexualmente», y dos bebés mellizos de nueve meses. Este viernes, dos menores más subieron al barco de la ONG junto a dos embarazadas, una de ellas con «contracciones y de nueve meses», junto a otras 65 personas. Con los 124 migrantes a bordo, ahora la ONG busca «un puerto seguro donde desembarcar», informó Camps.

La organización se enfrenta al problema de evacuar a los migrantes rescatados en un lugar seguro y donde no pongan trabas. Italia y Malta, mantienen sus puertos cerrados. «Y como no podía ser de otra manera, llega notificación del gobierno italiano. Sobre nuestras cabezas una multa de 50.000 euros, si entramos en aguas italianas y encautamiento», afirmó Open Arms en sus redes sociales, un mensaje que acompañó de un mensaje que describe «un panorama desalentador» y en el que muestra a dos niños postrados en la cubierta bajo una manta.

A diferencia del verano pasado, ahora el Gobierno socialista también les da la espalda, al menos de momento. El barco no tiene prohibido desembarcar en los puertos españoles, aunque la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, afirmó que le consta «que se dirigen a otro puerto», sin especificar el país destino. La amenaza de Fomento de una sanción de 900.000 euros si se desempeñaban labores de rescate sobrevuela en el Open Arms. Celaá, tras el Consejo de Ministros, instó a la ONG a «cumplir con la normativa internacional» y le recordó que «Salvamento Marítimo ha rescatado a 8.000 personas en lo que va de año y a 50.000 en 2018», con lo que trató de dejar claro el compromiso del Gobierno con la crisis migratoria en el Mediterráneo.

El Open Arms desembarcó a más de 400 migrantes el pasado año en las costas españolas, 300 de ellos el 28 de diciembre en Algeciras. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Sánchez prohibió al buque volver a navegar en aguas del Mediterráneo central para realizar labores de vigilancia marítima. Un veto que levantó en abril para llevar ayuda humanitaria al Egeo a cambio de la promesa de no buscar pateras con personas para evacuar. El 26 de junio cuando estaban atracados en el puerto italiano de Nápoles –estaban realizando jornadas turísticas– tomaron la decisión de desoír al Gobierno y volver a las labores de rescate.