García Juliá, el asesino de Atocha, de narco a conductor de Uber

Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que este autor de la matanza de Atocha de 1977, condenado a 193 años de cárcel por la Audiencia Nacional, viajó en diciembre 1994 a Asunción (Paraguay) con permiso del juez de vigilancia penitenciaria para «hacer efectiva una aceptación de oferta laboral».

Llevaba en libertad condicional desde septiembre de 1991, tras 14 años en prisión, y no cumplió en Paraguay con su obligación de comparecer cada mes en la Embajada de España.

Al contrario, salió de este país y se fue a Bolivia, donde continuó su carrera delictiva dedicándose al tráfico de estupefacientes, por lo que fue detenido en mayo de 1996, según explica una de las varias órdenes de detención internacional cursadas contra él por la Audiencia Nacional, la última de 2017.

Fue en agosto de 1996, pocos meses después de ser detenido en Bolivia, cuando la justicia española revocó su libertad condicional, y en 2001 pidió su arresto preventivo para extraditarle, pero esta entrega nunca se llegó a realizar.

De hecho, según han informado hoy las autoridades brasileñas y españolas en una rueda de prensa conjunta en Sao Paulo, ese año 2001 entró en Brasil por el estado de Rorarima, limítrofe con Venezuela, y lo hizo bajo una identidad falsa venezolana: Genaro Antonio Materan Flores.

En Sao Paulo y bajo ese nombre solicitó un visado provisional en 2009, donde hizo constar que trabajaba como conductor de Uber.

Antes de su arresto, ha informado por su parte la policía española en una nota, García Juliá pasó por otros tres países, Chile Argentina y Venezuela, escondiéndose siempre bajo identidades falsas.

En Brasil pasó desapercibido todos estos años hasta que el pasado julio la Policía Federal brasileña detectó su presencia en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española.

Ahora, García Juliá está pendiente de que España solicite su extradición, lo que pedirá la Fiscalía en primera instancia al tribunal que lo condenó (la sección primera de la Audiencia Nacional) para que éste, a su vez, lo reclame al Gobierno español.

Según han informado fuentes del ministerio público, instará a pedir su entrega porque no ha prescrito su pena. No han pasado, dice la Fiscalía, 30 años desde que quebrantó su condena, periodo que habría empezado a correr cuando en 1996 se revocó su libertad condicional.

En España, según el cómputo de la Audiencia Nacional, le restan por cumplir 3.855 días de condena, unos 10 años y medio, en los que, como preso fugado, le será más difícil acogerse a los beneficios penitenciarios de los que disfrutó cuando en 1991 fue puesto en libertad condicional.

García Juliá, que era de la Falange, tiene ahora 63 años y tenía solo 24 cuando en enero de 1977 entró junto con otro condenado y también fugado en Latinoamérica, José Fernández Cerrá, en el despacho laboralista de Comisiones Obreras en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

Ambos comenzaron a disparar contra los abogados que había allí y lo hicieron, según la sentencia de la Audiencia Nacional, en nombre de un grupo de ultraderecha compuesto por cuatro personas que rechazaba el cambio hacia la democracia.

Tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal, murieron a causa de sus disparos.