El dueño de la finca de Totalán en la que murió Julen queda en libertad

David Serrano había sido condenado, por un delito de homicidio por imprudencia grave, a un año de cárcel y a indemnizar a los padres con 189.500 euros, aunque la pena de prisión fue suspendida por el juez a expensas de que no delinquiera durante dos años. Ese plazo ya ha expirado y el magistrado ha decretado la remisión de la pena y ordenado cancelar la inscripción del condenado en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Serrano ha cumplido con una «ínfima parte» de la indemnización. Tras un pago inicial de 25.000 euros, se acordó la aportación de 50 euros mensuales hasta la mejora de su situación económica. No ha sido siempre puntual en los abonos. Los retrasos motivaron varios recordatorios por parte del juzgado e incluso se llegó a aperturar la revocación del beneficio hasta dos veces.

La responsabilidad civil por los trágicos hechos no prescribe. La justicia efectuará periódicamente averiguaciones patrimoniales y recabará auxilio de la Policía Judicial a fin de conocer su capacidad económica «por si fuera procedente la apertura de la vía de apremio o la adopción de otras medidas dirigidas al resarcimiento de las partes perjudicadas».

La caída de Julen al pozo –perforado de forma ilegal- se produjo el 13 de enero de 2019 y hasta la madrugada del 26 de enero los miembros de la Brigada de Salvamento Minero, desplazados desde Asturias a Totalán (Málaga), no encontraron el cuerpo a 71 metros de profundidad. En torno a trescientas personas trabajaron en el dispositivo montado a contrarreloj para rescatar con vida al bebé de dos años, fallecido a consecuencia de los golpes sufridos en la caída, con traumatismo craneoencefálico y raquimedular.

La desgracia se fraguó en segundos. Los padres de Julen iban a aprovechar el soleado día para disfrutar de una paella junto a David Serrano, su pareja, y la hija del condenado, también de dos años y medio, en una finca recién comprada. La madre se ausentó unos minutos para llamar al trabajo y el niño, sentado en una silla, quedó a cargo del resto de adultos.

En un instante, se bajó y comenzó a correr por una zanja. Su padre le siguió, ajeno al peligro real, para que no se hiciera daño. Llegó a tocarle con las manos antes de precipitarse al vacío. Serrano fue el único acusado por lo ocurrido, aunque siempre defendió su inocencia.

Primero, señaló al empresario al que le encargó la perforación del pozo, Antonio Sánchez; después, en declaraciones a la televisión afirmó: «Aquí tanta culpa tengo yo, tanta culpa tiene el pocero, tanta culpa tienen sus padres por no estar atentos del niño porque allí se encontraba mi niña chiquitilla, pero mi niña chiquitilla estaba al cuidado de su madre».

Un día antes de que arrancara el juicio, los abogados de ambas partes y la Fiscalía llegaron a un acuerdo. El procesado, que se enfrentaba a tres años de cárcel, aceptaría los hechos y una condena de un año de cárcel así como el pago de una indemnización de 753.482 euros, 189.500 euros para los padres y el resto para la Junta de Andalucía por el coste del rescate.

Sin antecedentes penales, el juez decidió suspender su ingreso en el penal: «No considero que sea usted una persona peligrosa o que vaya a cometer delitos en el futuro. El hecho de que entre en prisión no será preciso para que cambie cualquier tipo de conducta. Así que se va a considerar el beneficio de la suspensión», concluyó finalmente el magistrado.