La Policía libera a cinco mujeres nigerianas obligadas a ejercer la prostitución

La Policía Nacional ha desarticulado una red de origen nigeriano dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres de su misma nacionalidad, una operación que ha permitido la liberación de cinco jóvenes que estaban siendo explotadas y que se ha saldado con la detención de cuatro de sus miembros afincados en España. Entre los arrestados -dos de ellos detenidos en Sabadell, uno en Montcada i Reixac y el último en Martorell-, figura una de las máximas responsables de la organización, que además ejercía como 'mami' y tenía el control absoluto de las víctimas.

La red, que tenía conexiones en todos los países por los que transitaban sus víctimas desde que eran captadas en Nigeria hasta su destino final en España para ser explotadas, llevaba operando al menos desde 2004.

La operación se ha llevado a cabo gracias a un cruce de informaciones procedentes de dos investigaciones distintas realizadas por la Policía Nacional tanto en Barcelona como en Sevilla.

En el primer caso, agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos localizaron en Barcelona a una joven de nacionalidad nigeriana a la que identificaron como víctima de dicho delito y la cual, tras serle ofrecidas todas las medidas de protección previstas en la legislación, decidió acogerse a las mismas y denunciar su situación. En su declaración, aseguró haber sido captada en Nigeria en 2004 por una organización que la llevó hasta Italia por vía aérea, desde donde viajó a Barcelona en tren y fue recogida por una compatriota suya y residente legal en España, que se encargó de explotarla sexualmente.

Paralelamente, en Sevilla, otra joven nigeriana declaró, tras acogerse también a las medidas de protección que se le ofrecieron, que había llegado a España con ayuda de la misma organización y que desde entonces había sido obligada a ejercer la prostitución en Barcelona bajo el control de la misma mujer que en el primer caso.

Sometidas a rituales de brujería

Los datos aportados por ambas mujeres en sus declaraciones coincidían en varios extremos, lo que llevó a los agentes a unificar las investigaciones, descubriendo una organización nigeriana dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, afincada en Barcelona y con conexiones en todos los países por los que desplazaban a las víctimas.

Avanzada la investigación, los agentes localizaron a otras tres jóvenes que en esos momentos estaban siendo explotadas por la red y que convivían con la 'mami' en un piso de Barcelona, tal y como ocurría con las otras dos víctimas que ya habían sido liberadas por los investigadores y cuyos testimonios fueron fundamentales para el desarrollo de la operación.

La organización captaba a sus víctimas en su país de origen, Nigeria, y desde allí las trasladaba hasta España por vía aérea haciendo escala en otros países europeos o en Marruecos. Para ello utilizaban documentación falsa perteneciente a una tercera persona que residía legalmente en algún país de la Unión Europea.

Para doblegar por completo la voluntad de las víctimas, las sometían a rituales de juju o vudú: prácticas supuestamente mágicas o de brujería en las que se sacrifican animales y que se realizan a modo de pacto mediante entre la organización y la víctima. El tratante se compromete a organizar el viaje y financiar los gastos derivados del mismo y las mujeres prometen obediencia bajo la amenaza de su muerte o la de sus familiares, así como pagar la deuda y no acudir a la Policía ni delatar a los tratantes.

Una vez en el país de destino, en este caso España, las víctimas eran informadas del total de la deuda contraída con la organización y sometidas al ejercicio coactivo de la prostitución hasta saldarla por completo, siendo obligadas a ejercerla durante interminables jornadas de trabajo y, normalmente, en la vía pública.

Las víctimas eran controladas permanentemente por la 'mami' o controladora, con la que compartían domicilio y que les marcaba las tarifas que debían cobrar por cada servicio sexual. Recaudaba diariamente todo el dinero obtenido por cada una de ellas, llegando a amenazarlas e incluso agredirlas físicamente si algún día no conseguían dinero.

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las UCRIF de Barcelona y Sevilla.