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Miércoles, 25 de marzo 2015, 17:14
Siete meses de suspensión de empleo. Esa es la pena que ha ratificado el Tribunal Supremo para un Guardia Civil que, dentro de un club de alterne en la provincia de Pontevedra dijo al gerente del mismo: "Me tenéis que invitar a un polvo". Los hechos, recogidos por La Voz de Galicia, ocurrieron en la madrugada del 9 de septiembre de 2011 en la localidad de Mougás, concejo de Oia. El alto tribunal considera probado que el guardia civil, acompañado de otro agente, entró en el local, donde ambos se identificaron como miembros de la Benemérita. Una vez dentro, consumieron bebidas alcohólicas algo que, según la sentencia, ya habían estado haciendo en otro lugar anterior". En un momento dado se inició una discusión que, según el relato de los hechos, desembocó en una petición del acusado para que le entregaran los papeles de las mujeres que trabajaban en el local. Algunas de ellas decidieron entonces refugiarse en las habitaciones, mientras que otras se fueron a un bosque cercano.
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En torno a las tres de la madrugada, cuarenta minutos después de la entrada de los agentes en el local, el cuartel de la Guardia Civil de Tui recibió una llamada alertando de la situación. La patrulla que acudió al lugar de los hechos confirmó que los agentes estaban bebidos, pero señalaron que en el local no había "pasado nada".
No obstante, el teniente del cuartel decidió acercarse al local para entrevistarse con el encargado del mismo, quien el relató que "en actitud prepotente y altanera", el agente finalmente sancionado le exigió "invitarle a un polvo con una de las chicas". Además, se mostró convencido de que esta negativa fue el motivo del incidente y señaló que el agente había estado conversando con anterioridad con dos de las chicas proponiéndoles relaciones sexuales, a lo que estas se negaron. Este rechazo, aparentemente, fue la gota que colmó el vaso: «Yo soy el sargento y se hace lo que yo diga».
El Supremo descartó que se vulneraran los derechos del funcionario y considera que hay indicios suficientes para sustentar la sanción, basada en una una falta muy grave por abuso de atribuciones que cause graves daños a los ciudadanos.
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