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E. C.
Miércoles, 17 de diciembre 2014, 00:30
Pablo Antonio Martínez, inspector jefe de la Comisaría de Policía de Gijón y marido de la autora confesa del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, acudió ayer a una nueva cita en los Juzgados de León en el marco de la instrucción del caso. El marido de Montserrat González y padre de Triana se reafirmó en su versión de los hechos ocurridos aquel día, reiterando desconocer por completo los planes de su mujer e hija.
Como hiciera en las anteriores ocasiones, Martínez hizo valer su condición de agente del Cuerpo Nacional de la Policía para acceder a los juzgados por la cochera y no por la puerta principal, para evitar a los numerosos medios de comunicación que se agolpaban desde primera hora. La citación, a petición de la acusación, pretendía arrojar luz sobre el cruce de llamadas entre el que fuera inspector jefe de la Comisaría de Astorga y su hija Triana tras la detención de esta última. Ese día, Pablo Antonio Martínez habló con su hija después de que un compañero le alertase de lo que había ocurrido con Isabel Carrasco. «Me llamó mi hija pero se cortó la llamada. Sólo pude oír mi padre es compañero vuestro», aseguró el inspector.
La titular del Juzgado de Instrucción nº4 de León, Sonia González, quería conocer qué motivó su forma de actuar tras mantener esa breve comunicación con su hija y que se redujo a devolver dicha llamada en una única ocasión. En este sentido, según publicaba ayer 'leonnoticias.com', el inspector de la Policía Nacional aseguró que su actuación fue correcta y que se mantuvo a la espera de los acontecimientos. Durante su declaración, que apenas se prolongó durante 25 minutos, el inspector alegó que, como conocedor de los procedimientos policiales, no hizo gestión alguna, más al ver que los teléfonos de su mujer e hija estaban apagados.
Pablo Antonio Martínez también tuvo que explicar ante la jueza por qué la policía encontró durante el registro de la casa de su hija una caja de munición a su nombre. Un asunto clave para delimitar el grado de conocimiento de Pablo Antonio Martínez sobre los planes de su hija y su mujer. Martínez, comisario de Astorga cuando se produjo el crimen, respondió que no tuvo jamás conocimiento de las intenciones de Triana y Montserrat y que la caja de munición corresponde a material del año 1983, que estaba fuera de uso y no operativo. Martínez achacó a sus múltiples traslados de vivienda el hecho de que la munición estuviera en casa de su hija.
Además, la jueza también quiso saber si estaba al tanto de los seguimientos que las acusadas habían hecho sobre la víctima. Martínez se ratificó en la versión que siempre ha dado y aseguró que no tenía conocimiento de nada y que tampoco habría notado movimientos extraños ni comportamientos que le llamaran la atención.
El testimonio de Pablo Antonio Martínez tuvo lugar apenas 72 horas antes de que Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, las tres mujeres implicadas en el crimen, se vuelvan a sentar ante la juez para prestar una nueva declaración.
Las tres abandonarán este viernes unas horas la prisión de Mansilla de las Mulas para acudir a los Juzgados de León donde volverán a prestar declaración ante la jueza, a partir de las 10 horas, de forma individual. Así lo han remarcado las diferentes partes del caso que, si bien, recuerdan que la solicitud se podría reconducir a un posible careo. El objetivo podría ser el de fijar de forma definitiva sus vínculos tras sus últimas declaraciones, aunque el letrado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, remarcó ayer que «en ningún momento se ha hablado de un posible careo». Fue a mediados del pasado mes de octubre la última vez que las tres mujeres abandonaron Vilahierro por un trámite de las diligencias relacionadas por el caso. Montserrat y Triana fueron sometidas a un estudio médico-forense de imputabilidad para determinar su capacidad cognitiva. Por su parte, a Raquel Gago se le practicó un estudio para emitir un informe sobre «enfermedad o aptitud mental, grado de imputabilidad y capacidad de reacción y bloqueo en situaciones de estrés». Fermín Guerrero presentará en el juzgado la petición de puesta en libertad de su cliente, y no descarta que pueda estar en casa estas navidades. Y es que el ánimo empieza a hacer mella en la agente de la Policía Local cuando se cumple el séptimo mes de su ingreso en la prisión.
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