Sanidad notifica siete fallecidos en el primer día tras el ajuste de los datos

Además, 11.637 personas han ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) desde que comenzó la crisis sanitaria, seis en los últimos siete días; y 124.855 han requerido hospitalización, 101 en la última semana. Por comunidades, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y La Rioja no han notificado ningún fallecido los últimos siete días.

Pero la actualización de datos realizada por el Ministerio de Sanidad el viernes no ha cerrado el debate sobre el número real de fallecidos en España por COVID-19, aunque la cuenta de Twitter de la Moncloa colgó a última hora del viernes el vídeo de una reunión por videoconferencia entre el epidemiólogo Fernando Simón y un grupo de periodistas, donde el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias trataba de explicar los criterios seguidos por su departamento para el ajuste de los datos.

Así, después de doce días sin realizar ninguna variación y también de tres semanas anclados en el entorno de los 27.130, la actualización elevó los fallecidos en 1.177, hasta los 28.313.

Pero la principal duda continúa sin ser resuelta: ¿qué ocurre con los aproximadamente 15.000 fallecidos que los sistemas de monitorización de mortalidad han encontrado, pero que Sanidad no sabe «ubicar», en palabras de Fernando Simón (que los rebaja a 13.000)? Desde el inicio de la pandemia, el ministerio ha insistido en que solo cuenta como fallecidos por COVID a aquellas víctimas a las que se les ha realizado una PCR. Pero la imposibilidad de realizar este tipo de pruebas provocó que en los peores días de la emergencia sanitaria, a finales de marzo y a principios de abril, muchos decesos no fueran registrados como fruto de coronavirus.

Hasta hace unos días, el departamento de Salvador Illa reiteró que la contabilidad de los muertos en España se ha llevado a cabo siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales solo debían incluirse como COVID-19 los que hubieran dado positivo en una PCR. Pero el 7 de junio, la OMS emitió una nota recordando a los países que también debían incluir a los fallecidos que mostraran síntomas, aunque no se les hubiera hecho la PCR. Simón reconoció que España, igual que otros países, deberían hacer correcciones en sus series, pero en los datos ofrecidos el viernes no aparecen esas correcciones.

Sin embargo, en su última comparecencia, por primera vez admitió que los datos reales de fallecidos por coronavirus en España no se conocerán hasta dentro de unos meses, cuando puedan ser analizados uno por uno los certificados de defunción que se han expedido durante la crisis sanitaria y que, por el gran volumen de trabajo de los profesionales sanitarios, no han sido evaluados todavía al detalle. «Intención de ocultar muertos no ha habido nunca, en ningún momento. Sí que ha podido haber errores», dijo el viernes el epidemiólogo.

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el listado de medicamentos considerados como esenciales para tratar la COVID-19. Incluye la dexametasona, una sustancia que se utiliza en procesos antiinflamatorios como asma o artritis reumatoide y que, según un ensayo clínico desarrollado en el Reino Unido, reduce la mortalidad de los pacientes más graves conectados a respiradores mecánicos o que necesitan oxígeno. De acuerdo al BOE, los farmacéuticos deben informar a la Agencia Española del Medicamento sobre 'stocks' disponibles o la previsión de recepción de lotes.

Concentración en Madrid

Por otra parte, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) se concentró ayer en la Puerta del Sol para rendir un homenaje a los fallecidos por la COVID-19 y en defensa de la profesión médica. Allí subrayaron que han trabajado «como fieras» durante la crisis del coronavirus pese a la «precariedad crónica» de la Sanidad española. El acto comenzó con «un sincero recuerdo a las víctimas de la pandemia y a los afectados», y continuó con una «reivindicación de los derechos de los profesionales médicos y titulados superiores duramente maltratados antes, durante y después de la pandemia».