Una reforma exprés da al Supremo la última palabra sobre las restricciones

Estas apelaciones –explicó la vicepresidenta Carmen Calvo- podrán ser casi instantáneas ante el alto tribunal, por lo que el Supremo podrá establecer una doctrina de manera mucho más rápida (en «tiempo récord» en palabras de Calvo), evitando así la inseguridad jurídica que se barruntaba para las próximas semanas y meses, dado que hasta ahora los recursos ante el Supremo por las restricciones iban a tardar meses en llegar y quizás años en resolverse.

El Gobierno, que se reafirma en su voluntad de acabar definitivamente con el estado de alarma a las 23:59 horas del próximo sábado, cree que esta reforma contentará a las comunidades que con más vehemencia, particularmente Euskadi, Castilla y León y Galicia, habían pedido que se mantuviera la legislación de excepción para seguir imponiendo recortes de derechos fundamentales con el fin de contener la pandemia.

Según el nuevo escenario diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el 10 de mayo España volverá, pero con matices, a la situación jurídica que vivía el 24 de octubre antes de la entrada en vigor de que fue tercer estado de alarma desde el inicio de la pandemia: las autonomías que lo deseen podrán imponer restricciones que limiten derechos fundamentales tales como topes a las reuniones, restricciones a la libertad de culto, toques de queda o perimetraciones municipales, provinciales o autonómicas amparándose, como hicieron en 2020, en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Un precepto que reza literalmente que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».

Estas futuras restricciones de movimiento, de inmediato y como sucedió en verano y otoño pasados, deberán pasar el filtro de los respectivos tribunales superiores de justicia. Este trámite es incierto porque ya el pasado año algunos tribunales, como los superiores de Aragón, País Vasco o Madrid mostraron sus reticencias a avalar este recorte de libertades vía decreto autonómico. Si como es previsible algún superior tumba estas restricciones, la reforma del contencioso que se aprobó este martes permitirá a los gobiernos regionales recurrir de inmediato al Supremo, que en cuestión de días deberá decidir sobre la primera de las alegaciones y poco después probablemente sobre un segundo recurso, creando así una doctrina (dos resoluciones en el mismo sentido), que hasta ahora es inexistente porque España nunca había vivido antes en democracia una situación semejante de recorte de libertades por vía de decretos administrativos.

En el Gobierno –a diferencia de lo que piensan la inmensa mayoría de los constitucionalistas que no ven posible restringir derechos fundamentales sin estado un estado de excepional- siguen convencidos de que las autonomías no tendrán problemas para mantener el aval para las perimetraciones y quizás para limitar el número de personas reunidas, pero sí que tienen dudas de que sin estado de alarma tengan potestad para mantener los toques de queda. Sea como fuere, en Moncloa confían que para cuando el Supremo haya creado doctrina, incluso rechazando las restricciones, éstas ya no sean necesarias porque la situación epidemiológica haya mejorado de forma sustancial.

La vicepresidenta Carmen Calvo, que ha sido la ideóloga y madrina de este proyecto de última hora para involucrar al Supremo, insistió hoy mismo que en que la reforma va a forzar al alto tribunal al responder en «tiempo récord» si son legales o no las restricciones, con la «seguridad jurídica» añadida de que la decisión de la Sala Tercera será inapelable. Calvo reiteró que no cree que las comunidades tengan problemas legales para restringir derechos fundamentales usando exclusivamente la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley Orgánica se Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y se mostró segura de que las diferencias instancias judiciales acabarán por darle la razón al Gobierno central en su tesis de que las comunidades pueden gestionar la actual situación pandémica sin estado de alarma.