¿Por qué los médicos desaconsejan hacer obligatorio el uso de la mascarilla FFP2 en interiores?

La Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (Sempsph) se ha posicionado al respecto y su planteamiento es claro: no recomienda hacer obligatorias las mascarillas FFP2 en el transporte público o los espacios interiores con poca ventilación. Para estos lugares, aconseja el uso de las quirúrgicas.

Cualquier regulación de la obligatoriedad de la medida «debe estar enmarcada en una estrategia más amplia de salud pública», apunta el colectivo. Se debe garantizar, además, que las medidas aplicadas son acordes al riesgo de transmisión en el momento de su implantación y que se cumplen el resto de medidas preventivas.

El colectivo advierte que una obligación parcial puede tener más perjuicios que ventajas. Entre ellas, una falsa sensación de seguridad que derive en la relajación de otras medidas preventivas. Además, colocarse y quitarse las mascarillas en función del espacio en el que uno esté puede derivar en su mal uso.

El control de la transmisión a partir de una persona con covid asintomática ya se consigue de una forma eficaz, afirman los médicos, con las actuales mascarillas higiénicas homologadas y las mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, un uso incorrecto disminuye la eficacia.

Por otro lado, está la gestión del stock, ya que pueden producirse dificultades de disponibilidad o accesibilidad para la población en algún momento. De imponer su uso, sería también necesario que existiera «una obligación institucional« para facilitar a la población mascarillas para «un uso diario y correcto» y que los precios sean asequibles al nivel de renta.

La sociedad médica cree que «no es necesaria una medida obligatoria para asegurar un buen cumplimiento de una preventiva» y que la obligación debe implementarse como «último recurso», cuando no se espera que las medidas voluntarias tengan éxito. «Una medida obligatoria genera un sentimiento de limitación de libertades individuales«, explica.

No todo son argumentos en contra. Los sanitarios reconocen que una obligación generalizada facilita el cumplimiento de la medida y que una parcial, como en el transporte público, es «más fácil de implementar y controlar»; además, su uso puede tener un efecto protector individual.

Con el uso voluntario «podría no asegurarse su cumplimiento en un porcentaje de la población suficiente como para proporcionar la protección», señala el documento y no siempre se puede garantizar una ventilación adecuada en los espacios públicos compartidos ni evitar aglomeraciones.