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El Ministerio de Sanidad mantiene, por ahora, el copago de los medicamentos que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. El anteproyecto de Ley ... de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, no incorpora cambios en esta medida pese a que el primer borrador que manejaba el departamento de Mónica García establecía subidas en los copagos para las rentas por encima de 35.000 euros y reducía el coste para los que menos ganan. En cualquier caso, el Ministerio no descarta que se incluya algún tipo de variación sobre el copago de los medicamentos durante la fase de audiencia pública o en su tramitación en el Congreso. Otros ministerios han pedido «más tiempo para perfilar la propuesta», explican fuentes de Sanidad.
El copago farmacéutico para las personas en activo se establece por tres criterios: las rentas inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio de los medicamentos; las de entre 18.000 y 100.000 euros, el 50% y las de más de 100.000 euros anuales, el 60%. En el caso de los pensionistas se fijaron límites máximos de 8,23, 18,52 y 61,75 euros al mes, respectivamente.
En cambio, el anteproyecto de ley sí propone cambios importantes en el sistema de fijación de precios de los medicamentos. Hasta ahora, el sistema de precios de referencia igualaba los precios de los medicamentos equivalentes entre sí al del precio más bajo. Con el cambio, se habilita un sistema de precios seleccionados para que las compañías oferten al Ministerio de Sanidad los precios de sus medicamentos para un periodo de seis meses, lo que supone establecer una horquilla a partir de las propuestas recibidas. Dentro de ella estarían los medicamentos financiados por el sistema. Así, en esta horquilla de precios se incluiría el medicamento más barato y un conjunto de medicamentos seleccionados.
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Por encima de ella estarían los medicamentos sin precios seleccionados. Para ellos, el sistema financiaría con fondos públicos hasta la cantidad marcada por el medicamento con el precio más bajo de la agrupación, aunque, si el usuario prefiere un fármaco 'caro', puede abonar la diferencia. De esta forma, los medicamentos que están por encima del precio de referencia son excluidos de la financiación, con la nueva propuesta tendrán una financiación parcial. Según el Gobierno, el nuevo mecanismo busca «generar un entorno de competencia saludable» y «garantizar unos precios más asequibles para la población y para el Sistema Nacional de Salud». Según los cálculos del Gobierno, se ahorrarán más de 1.300 millones de euros en gasto farmacéutico.
Entre otros aspectos, la nueva norma quiere abordar también los problemas de desabastecimiento de la presentación de un determinado fármaco (por ejemplo, que exista una falta puntual de comprimidos aunque sí haya cápsulas). En estos casos, actualmente, el paciente debe acudir otra vez al centro de salud para que el médico prescriba el mismo medicamento con la presentación farmacéutica que esté disponible, lo que supone una mala experiencia tanto para el paciente como el profesional prescriptor, además de un problema de eficiencia en el sistema.
Si el anteproyecto sale adelante, en estas situaciones, el farmacéutico podrá dispensar otro medicamento por principio activo (lo que se conoce como prescripción por DOE) u otro fármaco que se encuentre en el listado de medicamentos de agrupaciones homogéneas, lo que aumenta el número de opciones de medicamentos equivalentes que un profesional de la farmacia puede dispensar en situaciones de problemas de suministro. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) también determinará las sustituciones por otros medicamentos que podrán realizar los farmacéuticos.
Ante los problemas de suministro, los laboratorios deberán contar con planes de prevención y la Aemps elaborará un listado que permitirá la aplicación de medidas en el ámbito de la financiación, del precio y de la prestación para asegurar su mantenimiento en el mercado.
Además, el Consejo de Ministros aprobó de nuevo el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que decayó en el Congreso de los Diputados hace tres semanas pese a tener el consenso de todos los partidos.
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