Sánchez descarta otro estado de alarma pese a los reveses judiciales a las autonomías

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó hoy volver a aprobar un nuevo decreto para activar la normativa de excepción. Y lo hizo solo horas después de que el pasado lunes el lehendakari Iñigo Urkullu le pidiera retomar las limitaciones de movilidad nocturna, en una carta en la que también solicitó al jefe del Ejecutivo central volver a hacer obligatorio el uso de las mascarillas en los espacios abiertos en todo el territorio nacional.

«El Gobierno cree que hay margen por parte de las comunidades para avanzar en las medidas de contención de los contagios. Ese es el marco en el que creemos que tenemos que movernos«, apuntó hoy la portavoz Isabel Rodríguez.

El Ejecutivo vasco fue el primero en dirigirse formal y personalmente a Sánchez para pedirle un mecanismo para activar el toque de queda de nuevo. Urkullu, tras el varapalo del Constitucional, evitó referirse expresamente a declarar un tercer estado de alarma (único mecanismo legal), después del que estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 20 de junio –y cuyo confinamiento domiciliario ha sido declarado ilegal por el Constitucional- y el que se activó entre noviembre y mayo de este año para permitir a las comunidades autónomas decretar sin la tutela de sus respectivos tribunales superiores de justicia restricciones como toques de queda, limitaciones en las reuniones sociales o perimetraciones autonómicas.

Sin el amparo de este último estado de alarma, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria han conseguido luz verde de sus TSJ para los toques de queda, mientras que en Canarias, Extremadura y hoy mismo Navarra han sido rechazados por la justicia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) denegó el toque de queda solicitado por el Gobierno foral entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo muy alto por covid-19 a pesar de tratarse de una de las comunidades más azotadas por esta quinta ola.

El toque de queda hubiera afectado así al 80% de los municipios de la comunidad y al 90% de su población. El Ejecutivo navarro pretendía que la medida entrara en vigor en la madrugada de este martes.

El galimatías provocado por esta nueva avalancha de conflictos judiciales volverá a involucrar al Tribunal Supremo, ya que hoy mismo el Gobierno canario, haciendo uso de la reforma exprés aprobada por el Ejecutivo de Sánchez para tratar de evitar precisamente este lío jurídico, pidió al alto tribunal que falle sobre la legalidad o no de los toques de queda limitados a zonas de alta incidencia.

Será la primera vez que el Supremo se manifieste sobre la legalidad de este recorte de libertades tras el fallo de la semana pasada del Constitucional. No obstante, en junio, el alto tribunal ya zanjó, en una sentencia que tumbo los toques de queda en Baleares, que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que es la normativa a la que han apelado todas las autonomías que han impuesto restricciones tras el fin de la alarma, sí que permitiría ciertas limitaciones de derechos fundamentales, pero nunca de forma masiva e indiscriminada.