Sánchez declara el estado de alarma ante la demanda de las autonomías

Antes de poner rumbo a Roma, donde ha sido recibido en audiencia por el papa Francisco, Sánchez se asomó a las pantallas de los españoles con un rictus similar al del pasado 14 de marzo cuando compareció para anunciar el estado de alarma en todo el país ante la irrupción virulenta del coronavirus. El jefe del Ejecutivo reconoció la «gravedad» de la situación una vez superado el millón de contagios y abonó el terreno para volver a poner en marcha el mecanismo de excepción en caso de que la situación en los territorios fuese «extrema». «Nos esperan meses muy duros», justificó.

La Moncloa quería dar algo de tiempo para ver cuántas comunidades lo pedían, incluso esperar a la Conferencia de Presidentes del lunes. Pero la abrumadora respuesta, con diez líderes regionales reclamando la activación de la herramienta constitucional terminó por precipitar las cosas. Rompió el hielo el lehendakari, Íñigo Urkullu, que solicitó al presidente del Gobierno la declaración del estado de alarma para todo el país y que sean las comunidades las que lo gestionen. El mandatario vasco recogió así el guante lanzado por el propio Sánchez el 26 de agosto cuando ofreció estados de alarma a la carta.

Las comunidades llevan semanas quejándose de la dificultad que encuentran a la hora de imponer medidas restrictivas ya que quedan al criterio de los diferentes tribunales superiores de justicia, que han permitido unos confinamientos y tumbado otros. A principios de este mes, la Justicia rechazó las medidas impuestas por el Gobierno de Isabel Diaz Ayuso que restringían la movilidad en diez municipios de la región, entre ellos la capital. El mismo muro se encontró el Ejecutivo de Urkullu este jueves cuando el Tribunal Superior de Justicia Vasco no autorizó la limitación a seis personas de las reuniones sociales públicas y privadas.

Con el virus imparable, la mayoría de las autonomías barajan imponer el toque de queda, similar al que ya se está aplicando en Francia, Italia y Bélgica, pero para ello piden la vuelta al estado de alarma que garantice la cobertura legal. Fue Díaz Ayuso la primera que habló de la necesidad de imponer un confinamiento nocturno, que se llevó al Consejo Interterritorial de Salud, donde ya se puso de manifiesto que una gran mayoría de regiones avalaban esta medida. Pero las dudas de algunas comunidades, entre ellas Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia, a poner en marcha un estado de alarma lo frenaron.

El ministro Salvador Illa se escudó en que quiere que haya consenso para garantizar el apoyo parlamentario del PP a las prórrogas. Los populares se niegan a esta medida e insiten en pedir una reforma legal exprés que permita a las comunidades restringir movimientos sin pasar por los tribunales. De momento, las regiones gobernadas por la formación de Pablo Casado se resisten a solicitar el estado de alarma y Moncloa no termina de aclarar si se aplicará a nivel nacional o solo para aquellas comunidades que lo hayan reclamado.