Amnistía Internacional denuncia que el decreto que limitaba la atención a los irregulares provocó el «caos»

Amnistía Internacional ha denunciado que el real decreto que limitó la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares es una violación de los derechos fundamentales de cientos de miles de personas. La norma, que se aprobó el 20 de abril de 2012 en Consejo de Ministros y se puso en marcha en septiembre de ese año, retiró la tarjeta sanitaria y el acceso al sistema con excepción de las urgencias a cerca de 800.000 sin papeles. Según la organización, su implantación ha tenido efectos perjudiciales tanto para este colectivo como para todo el Sistema Nacional de Salud, al que ha sumido en un «caos organizativo».

«Más de 748.000 personas, según cifras oficiales, se han quedado sin tarjeta sanitaria», ha asegurado Esteban Beltrán, director de Aministía Internacional en España. De estos, ha afirmado, solo 730 se han acogido a pagar una cuota mensual de entre 60 y 157 euros por mantener su acceso. «El resto están excluidos». La situación, ha explicado, es especialmente compleja en dos comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, que es la única que no ha implementado ninguna medida paliativa sobre la norma estatal y la Comunidad Valenciana, que emite de forma sistemática compromisos de pago que los pacientes sin tarjeta sanitaria deben firmar antes de que los reciba el personal del centro de salud. Estos últimos a veces acaban en facturas y otras no.

«En el caso de ambas comunidades es imposible acudir a una consulta después de acudir a urgencias», ha explicado Koldo Casla, autor de un informe sobre las circunstancias de estas dos comunidades. «No pueden ir a especialistas». También, ha asegurado, el real decreto ha provocado entre los inmigrantes un temor a acudir a los hospitales. «Tiene un efecto disuasorio», ha recalcado.

Pacientes de oncología y diabéticos

La implementación del real decreto, ha insistido Pilar Botija, médico de familia en Valencia, puso en peligro la salud de muchas personas. Incluso algunas que ya estaban siendo atendidas con anterioridad a la aprobación. «Pacientes de oncología, o diabéticos». Ha recordado el caso de una chica rumana de 23 años, diabética, que no pudo recibir la insulina que necesitaba y acabó ingresando en urgencias, en coma, semanas después de que le retirasen la tarjeta sanitaria. «Son siempre la población más vulnerable, pero están viviendo en nuestra comunidad y no sabemos cuál es su estado de salud», ha asegurado. Este motivo, la salud pública, es al que aludió el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para asegurar que buscarán una fórmula para que los sin papeles puedan acceder a la atención primaria. Por su parte, Mariano Rajoy aseguró que la situación había provocado una saturación excesiva de los servicios de urgencias.

«No es cierto», ha asegurado Beltrán, en alusión a la saturación de los servicios de urgencias por parte de los inmigrantes. Ha explicado que, recientemente, el Principado de Asturias publicó un informe que atestiguaba que los sin papeles acudían con mucha menos regularidad que los españoles. «Una media de tres veces al año por siete de los ciudadanos nacionales», ha matizado. Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones y la mayoría de partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados excepto UPN y FAC, ha insistido en la derogación del real decreto. «Y si miramos al futuro, lo que tenemos que hacer es garantizar que la sanidad entre como un derecho fundamental cuando se reforme la Constitución», ha afirmado.