La revolución pendiente de las residencias de mayores

Hoy, tener como destino una residencia causa resquemor. «Debemos erradicar el modelo de cuidados en instituciones, que no gusta nada», mantiene Teresa Atkinson, investigadora del Centro de Cuidados de la Demencia de la Universidad de Worcester, durante la jornada 'Cuidados de larga duración. Tendencias internacionales y retos en España', organizada por la Fundación Ramón Areces. «La gente tiene miedo a la vejez por falta de confianza en los servicios que se encargan de esos cuidados».

El diagnóstico del modelo español es similar al de otros países del entorno europeo o el de Estados Unidos, y quedó reflejado en las situaciones de terrible desamparo que surgieron con la pandemia. «Un estudio demostró que el tamaño de las residencias estaba relacionado con las muertes por covid de las personas mayores. Los peores resultados fueron en Estados Unidos y España», advierte David Grabowski, profesor del departamento de Políticas de Salud de Harvard Medical School. «Tenemos que transformar las residencias, hacia unas más pequeñas con personal con poder de decisión y dependientes de los residentes, que gestionan sus vidas».

La revolución, por tanto, es que los huéspedes de residencias para mayores o personas con discapacidad se sientan allí como hasta entonces se sintieron en sus hogares. «En España hay grandes retos», afirma Teresa Martínez, gerontóloga del Principado de Asturias. «Hay que dar prioridad a un enfoque ético, porque recibir cuidados no puede significar perder el control de la propia vida. Cuidar significa hacer vidas que merezcan ser vividas. Esto que puede parecer sencillo pero es enormemente complejo. Implica un cambio cultural».

Países como Holanda, Francia e Italia ya comienzan a virar sus políticas de cuidados de larga duración, según las referencias de los ponentes. «Tenemos que invertir en servicios domiciliarios y comunitarios. Es lo que queren los ciudadanos tanto en España como en Estados Unidos», sentencia Grabowski.

No solo las personas mayores requieren de apoyo externo y lugares seguros. También aquellos con enfermedades mentales incapacitantes. «Un diagnóstico de demencia marca a la persona y a su familia», asegura Atkinson. «Cuando comienza, en fases leves y moderadas, hacemos que acudan a reuniones varias veces por semana, para que impulsen una agenda propia de su futuro. En este entorno facilitador, se va más allá de elegir el color de las paredes. Se crea una cultura con los cuidadores que quieran quedarse con ellos y les guste su trabajo con una buena remuneración».

Las causas mundiales del resquebrajamiento del sistema de cuidados están en una «gobernanza bizarra, con responsabilidades fragmentadas, solapamiento de tareas y brechas de comunicación que dieron como resultado que en el estallido de la pandemia no hubiese nadie a cargo de dar una respuesta eficaz», analiza Adelina Comas, investigadora del Centro de Políticas de Salud y Evaluación del London School of Economics, institución que investigó las circunstancias detrás de la muerte de tantas personas en las residencias a nivel mundial. «No había canales de toma de decisiones, la infraestructura era obsoleta, los tamaños de las residencias demasiado grandes, las condiciones laborales eran malas y desembocaron en escasez de trabajadores, a los que por no tener derecho a paga por enfermedad y estar en primera línea de contagio pusimos en posiciones difíciles».

Circunstancias que no se han mejorado y que se suman a otras particulares de ámbito nacional, como un sistema «asimétrico» y repartido en 17 formas distintas de cuidados, una financiación que ha descendido en relación con el gasto per cápita y un tiempo de espera de unos 342 días de media, señala Gregorio Rodríguez, coordinador de la Red de Expertos para el Soporte Analítico en Políticas Sociales (ENASS, por sus siglas en inglés). «Es la hora de firmar un nuevo contrato social», clama Rodríguez. «Los centros de día y las residencias tienen que tener en el centro la autonomía de las personas».

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas aprobaron en junio un acuerdo para que todo nueva residencia de mayores o discapacitados, sea pequeña y tenga prácticamente todas las habitaciones individuales. Según el pacto, los futuros centros funcionarán en torno a grupos muy reducidos de convivientes (de un tamaño casi hogareño) que tendrán sus propios espacios comunes y cuidadores. La ratio de personal crecerá hasta en un 60% y deberán pasar controles permanentes de calidad. Y los internos serán quienes digan cómo quieren vivir y tendrán voz y voto en el funcionamiento del centro.