El PSOE pide multas para los puteros y prisión si la prostituta es menor

La proposición de ley prevé, además del encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles y de la clausura de sus locales, fuertes multas para los puteros -quienes convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otra prestación económica- e, incluso, ordena su entrada en prisión de 1 a 3 años si la mujer prostituida es una menor de edad o una persona «en situación de vulnerabilidad». Las multas a los clientes serán, de forma general, de 12 a 24 meses (la cantidad varía según el dinero por día que fije el juez) y del doble si la víctima de explotación sexual es una menor o una mujer vulnerable. La proposición de ley, que en caso de aprobación entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, libera de forma explícita de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes considera víctimas en su totalidad.

Si la norma es aprobada por el Parlamento en esta legislatura, lo que es posible dada la posición en principio favorable a este tipo de reforma de los dos grandes partidos, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta -lo que de forma castiza se conoce como un chulo- o sea además el dueño del burdel, barra americana, piso o local de cualquier tipo en el que se produce la explotación sexual. Dará igual para que esto ocurra que ese prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. En definitiva, promover o ayudar a la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos.

El PSOE sabe desde este miércoles que, en principio, el PP está de acuerdo con las líneas principales de ley abolicionista, ya que su contenido es básicamente idéntico al de las enmiendas fallidas a la ley del 'solo sí es sí' que los populares estaban dispuestos a apoyar antes de que fuesen retiradas 'in extremis' por los socialistas para salvar la nueva norma contra la violencia sexual.

La suma de los votos de estos partidos, más de 200 de los 350 diputados del Congreso y mayoría asegurada en ambas cámaras, de procudirse, minimizaría la trascendencia de la posición que tomen el resto, con ERC, Ciudadanos, JxCat, la CUP contrarios a la prohibición de la industria proxeneta y partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más, con Unidas Podemos con divergencias internas entre abolicionistas y partidarios de la legalidad regulada, y con el PNV y EH Bildu que aún no han desvelado sus cartas sobre el debate de fondo.

La reforma del Código Penal que promueve la proposición del PSOE dice que se considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. Esta infracción se pagará con entre 1 y 3 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada de tal forma que exonera de la comisión de un delito a conductas de mera receptación en el ámbito familiar del dinero procedente del ejercicio de la prostitución (que una prostituta traiga dinero a casa).

Como delito independiente, pero conectado con el anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizada, desde la reforma del Código Penal de 1995. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local o inmueble, así como la disolución de la empresa o sociedad que regente el negocio ilícito y el embargo de sus bienes.

La tercería locativa actúa así como un tipo agravado del proxenetismo y en ambos casos se comete solo con constatarse el ánimo de lucro y el favorecimiento. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación. De hecho, el Código Penal mantendrá el actual delito de proxenetismo como el tipo agravado. Castigará con penas de 3 a 6 años de cárcel y multa de 18 a 24 meses a todo el que empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Todas las clases de proxenetismo, sobre todo las vinculadas a la tercería locativa, podrán ser castigadas con sanciones económicas adicionales muy altas, que en el caso de delitos con penas de más de cinco años pueden ir del triple al quíntuple del beneficio obtenido por el chulo o el dueño del burdel.

La propia proposición ya avanza aspectos que no estaba previsto legislar hasta la tramitación de la ley de trata, cuyo borrador elaboran en la actualidad los ministerios de Igualdad y Justicia. La legislación puramente represiva se complementaría con acciones concretas para la recuperación de las víctimas de la explotación sexual, las prostitutas, mujeres, en la inmensa mayoría de las ocasiones extranjeras y con mucha frecuencia sin papeles de estancia legal en España y víctimas de las redes de trata de personas.

La disposición final primera indica que todas las mujeres prostituidas y víctimas de los proxenetas, ejerzan la actividad de forma voluntaria o no, serán consideradas a todos los efectos víctimas directas de estos delitos, lo que da derecho a indemnizaciones y ayudas, y que todas ellas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconocerán a las víctimas de todas las violencias sexuales en la futura aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. Esa norma, que podría ser aprobada antes de agosto, establece una red de asistencia integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para la recuperación e integración sociales de la víctima equivalente a la de la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las maltratadas por sus parejas o exparejas.