«Las prostitutas son cada vez más jóvenes y ejercen en pisos que las hacen invisibles»

Violetta -que prefiere ocultar su imagen y su nombre real para esquivar el estigma- es solo una de las entre 2.000 y 3.000 mujeres que, según las ONGs, se dedican a «lo que algunos llaman el oficio más antiguo del mundo, pero que en realidad no es un oficio, sino una forma de perpetuar un sistema machista y patriarcal, porque mujeres y hombres no están en absoluto en planos de igualdad, sino que ellos son machos alfa y ellas son sometidas y explotadas», en palabras de Rodríguez Noval, una tesis que también defiende el Instituto Asturiano de la Mujer.

No opina lo mismo Violetta, una de las impulsoras de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), el sindicato dedicado a «las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes» que logró que la Dirección General de Trabajo aprobase sus estatutos «metiéndole un gol», aunque posteriormente fueron tumbados por una sentencia de la Audiencia que concluye que la prostitución no puede ser un trabajo.

Ni ella ni sus compañeras entienden por qué no pueden «cotizar o estar de baja con todas las de la ley mientras que sí hay una patronal, porque los dueños de locales y clubes donde se ejerce la prostitución sí están registrados como asociación en la misma Dirección General» después de que un fallo del Supremo de 2004 obligase al organismo a hacerlo. Pero en lo que sí coinciden tanto las ONGs como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es en que algo está cambiando en este negocio que mueve anualmente sumas millonarias, pero del que no se tienen cifras oficiales ni fiables «porque lo que vemos es solo la punta del iceberg». Así que la única aproximación procede del Instituto Nacional de Estadística (INE), que, desde septiembre de 2014 y por normativa europea, introdujo una estimación de cuánto aporta la prostitución al Producto Interior Bruto (PIB) nacional. El organismo explicó entonces, «solo a efectos informativos», que el sexo de pago representa un 0,35% del PIB, lo que supone más de 4.000 millones de euros.

Y lo que está cambiando es que, con la prostitución callejera prácticamente en extinción, «las mujeres son cada vez más jóvenes -muchas llegan a España con apenas dieciocho años- y que los clubes están desapareciendo de las ciudades para dejar paso a los pisos, a los que no se puede entrar sin una orden judicial y que las hacen prácticamente invisibles», denuncian desde APRAMP.

Así que, con esos «pisos de contactos» vedados, las diecisiete inspecciones realizadas el pasado año por las Comandancias de Gijón y Oviedo de la Guardia Civil se limitaron prácticamente -dicen- a «esos grandes clubes que todos conocemos y que quedan en polígonos o zonas rurales».

Unas intervenciones en las que el 'modus operandi' detectado fue la «explotación laboral sin trata y con discriminaciones en el empleo». O lo que es lo mismo: «Empleadas sin dar de alta en la Seguridad Social o realizando más horas de las contratadas», precisan fuentes del Instituto Armado, que detuvo a dos personas «por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores».

Y es que «la mayoría de los titulares de los clubes realizan contratos de trabajo a las empleadas utilizando la figura de la alternadora». Una treta para dar apariencia de legalidad a la actividad que se completa con el alquiler de habitaciones, porque son también muchas las sentencias que han reconocido derechos laborales a mujeres que ejercían alterne (una actividad en la que perciben una comisión por cada consumición del cliente), pero que han subrayado que no podían hacerlo en el caso de la prostitución.

Así lo ha estimado también el Supremo, que considera que el alterne es una «actividad por cuenta ajena lícita y perfectamente separable del ejercicio de la prostitución».

Pero la realidad es mucho más cruda, sostienen en APRAMP: «El 90% de ellas sufre engaño, coacción, abuso y violencia y, aunque también hay españolas, llegan mayoritariamente de países latinoamericanos, seguidos de los de Europa del Este (fundamentalmente, de Rumanía) y África (sobre todo, de Nigeria), con una deuda contraída con redes que tienen que saldar. El problema es que muy pocas denuncian porque, además de que se trata de un proceso que se puede prolongar un año, tienen miedo y son ellas las que deben demostrar que han sido víctimas de trata. Esclavas sexuales del siglo XXI».