Una polémica sentencia condena a 'El Correo' a pagar 90.000 euros a los autores de un crimen que conmocionó a la sociedad

La sentencia sostiene que el periódico vulneró el derecho a la intimidad de los jóvenes en una noticia publicada el 9 de agosto de ese mismo año por incluir una descripción somera de su personalidad recogida en un informe de la Fiscalía. En la información se decía que los encausados –de 14 y 16 años en el momento de los hechos– tenían antecedentes delictivos y consumían sustancias tóxicas; y se calificaba el carácter de uno de ellos de «desconfiado, retador y esquivo».

La resolución, que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, choca con una decisión en primera instancia que había desestimado la demanda. Ese primer juez entendía que la noticia en cuestión, publicada casi siete meses después del homicidio, se había ajustado a la legalidad, tenía un «evidente interés» social y se había escrito «sin excesos».

Esta última sentencia, del pasado marzo, abre el debate sobre el intento de control de los medios en el País Vasco, y cuestiona las libertades de información y expresión, esenciales en un sistema democrático y amparadas por la Constitución. La fiscal trató de averiguar cómo 'El Correo' había conseguido la información –tras un interrogatorio a la periodista decidió no seguir adelante– y, al mismo tiempo, activó una iniciativa judicial por vulneración del derecho a la intimidad de los acusados del 'crimen de Otxarkoaga'.

En la sentencia dictada ahora por la Audiencia Provincial se justifica la elevada sanción impuesta al diario –30.000 euros para cada uno de los tres jóvenes, todos condenados, dos de ellos por homicidio a seis años de internamiento– porque se vulneró «el derecho a la intimidad de los menores» por revelar que alguno de ellos tenía un «entorno familiar desestructurado y marginal». Pese a la acusación, ha quedado acreditado durante todo el proceso que la información publicada por 'El Correo' era «veraz», no contenía datos erróneos y en ningún momento se dieron a conocer los nombres o iniciales de los implicados en un caso que conmocionó al país. Tampoco se mostraron fotografías de sus rostros o imágenes que pudieran identificarles.

No se tiene constancia de que la Fiscalía haya iniciado proceso alguno contra otro medio de comunicación por este suceso. Durante esos ocho meses y los siguientes hasta el juicio se difundieron cientos de piezas en prensa, radio y televisión. Los 90.000 euros solicitados superan los 60.000 que la Fiscalía pidió para resarcir a los familiares de Lucía y Rafael por su muerte –el tribunal elevaría después esa cantidad a los 240.000–.