El plan de corredores ecológicos afectará más al País Vasco, Madrid y Cataluña

La 'Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas', que se prevé sea aprobada mañana en Consejo de Ministros, pretende ser una herramienta de ordenación territorial, una especie de manual normativo que las Comunidades Autónomas deben poner en marcha para que los corredores ecológicos y medios naturales, incluyendo también a las ciudades, esté completo en 2050. Para completar el primer objetivo, sin embargo, las Comunidades Autónomas tienen los tres próximos años, tiempo en el que deberán desarrollar la delimitación espacial y la estrategia para llevar a cabo la protección e interconexión de esas zonas.

Se prevé que el plan tendrá un mayor impacto en las zonas donde la fragmentación es mayor, ya sea por la existencia de núcleos urbanos, desarrollos turísticos, cultivos intensivos o redes de carreteras. Afectarán, por tanto, a las regiones con más densidad de población como el País Vasco, Cataluña y Madrid, enumeran fuentes del ministerio. Aunque el plan afectará a todo el territorio, se necesita trazar la cartografía de los espacios protegidos en cada comunidad y la conectividad que tendrá con los de otras autonomías, para comenzar a concretar el impacto real que tendrá la nueva norma.

El Ministerio de Transición Ecológica ha elaborado una «guía metodológica» para las Comunidades Autónomas que unifique criterios para la calificación de las áreas. Se debe valorar la contribución a la diversidad ecológica de estas zonas pero también el «servicio» que prestan, como por ejemplo el abastecimiento y depósito de agua dulce, sin dejar fuera aquellas parcelas que están degradadas pero tienen ese potencial ambiental.

No se esperan expropiaciones, debido a que la conexión entre áreas se puede hacer sin quitarle su propiedad al actual dueño, pero se tendrá que llegar a un acuerdo que garantice el cumplimiento de la nueva normativa para el flujo de las especies y sus materiales genéticos. Tampoco está contemplada la retribución por su participación a los productores, una partida que no está en los planes macroeconómicos, dice el Gobierno.

En otras partidas, el ministerio asegura una inversión «cuantiosa» pero que no puede cifrar hasta tener la estrategia detallada sobre un plano real. Pero sí habrá grandes desembolsos a lo largo de los años, puesto que se planifica una «intensa» actividad de restauración de ecosistemas, sobre todo en las zonas rurales, que podrían generar una fuerte demanda de empleo, aún sin cuantificar.

El documento contiene ocho líneas de acción, que se desglosan en 50 medidas para reducir los efectos de fragmentación y la pérdida de hábitats, restaurar ecosistemas, mejorar la resiliencia ambiental, favorecer a la mitigación del cambio climático y, sobre todo, delimitar esos espacios para que sean corredores efectivos.

El Gobierno quiere, por tanto, consolidar una red interconectada para 2050, que sea incluida en las políticas territoriales de todas las comunidades. No se trata, aclaran, de una nueva categoría de espacio natural, sino una herramienta para enhebrar la fragmentación territorial.