Las personas sordas reclaman «rigor» a una universidad que contrató profesores de lengua de signos sin conocerla

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reclamado «rigor y excelencia» a las universidades que forman a los futuros intérpretes de lengua de signos tras conocer que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid «contrató profesorado de lengua de signos que no sabe lengua de signos» para dar clase en el Grado de Lengua de Signos y Comunidad Sorda que imparte.

La noticia adelantada por El País ha motivado la respuesta de la comunidad sorda que ha recordado a la Universidad Rey Juan Carlos que «tiene la responsabilidad de cumplir con estos estándares en su oferta educativa». Según publicó el periódico, se trata de dos docentes que imparten a unos 50 estudiantes la asignatura de Lingüística aplicada a Lengua de Signos 2. La Rey Juan Carlos admitió que se trataba de una situación «provisional» y lo justificó por «la dificultad de encontrar profesorado que conozca la lengua de signos en todas las materias» y para «no retrasar más las clases».

El Grado de Lengua de Signos, que a día de hoy imparten contadas universidades en España, está dirigido a la formación de futuros intérpretes de lengua de signos, una figura vital para garantizar el acceso a la información y a la comunicación de las personas sordas.

«Privar al alumnado de una formación de calidad no solo vulnera sus derechos, sino también los de las propias personas sordas», ha manifestado este jueves Roberto Suárez, presidente de la CNSE, a través de un comunicado de la confederación. «Es perentorio contar con profesionales adecuadamente formados para garantizar la accesibilidad en todo el territorio».

Para Suárez, cualquier entidad académica que se precie no puede considerar la lengua de signos como una lengua menor. «Hablamos de una lengua más cuya enseñanza debe guiarse por los mismos criterios que se utilizan en la docencia de cualquier otro idioma a fin de asegurar su correcta transmisión».

El presidente de la CNSE ha recordado que las administraciones públicas deben garantizar la calidad de la lengua de signos española en sus licitaciones, lo que incluye las contrataciones en el ámbito académico. «Cumplir con esta normativa no es solo una cuestión legal, sino también un acto de justicia social que asegura la igualdad de oportunidades de las personas sordas y evita su discriminación». Es por ello, que la CNSE ha solicitado a la Universidad Rey Juan Carlos que aclare las circunstancias que rodean esta situación «y, en su caso, tome las medidas necesarias para garantizar que la enseñanza del grado sea impartida exclusivamente por profesionales con dominio acreditado de la lengua de signos española».