Pedro Arcos González

Epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo

Un experto en desastres calcula que el daño económico por la DANA asciende a 2.000 millones de euros

–¿Podrían haberse minimizado los efectos de este fenómeno?

–Sin duda. La amenaza en sí misma, la DANA, no se podía evitar. Pero puede evitarse el desastre; es decir, los efectos negativos cuando esa amenaza ocurre en una población con niveles bajos de vulnerabilidad y exposición. Con los sistemas de predicción meteorológica que tenemos, podemos evitar en gran medida los efectos de la DANA sobre las personas. En este tipo de desastres de ocurrencia rápida, si tienes un sistema de alerta precoz de la población y lo usas correctamente, puedes evitar gran parte de la mortalidad.

¿Había visto un fenómenos de estas características en España?

–En el verano de 2023 ya tuvimos otro fenómeno climático extremo: la ola de calor, que mató a 6.300 personas, 87 veces más que ahora. Quien dice que DANA el peor desastre ambiental desde la democracia no tiene perspectiva histórica. Pero como entonces las muertes no ocurrieron en 24 horas, sino en dos meses... La percepción de aquel desastre es distinta. Hablando específicamente de inundaciones, la DANA sí que es uno de los más graves de los últimos años, pero fundamentalmente en términos de coste económico, no de mortalidad.

–Tengo entendido que han hecho una estimación.

–Una agencia de noticias norteamericana nos la pidió e hicimos una en base a inundaciones similares que hubo en Centroeuropa hace unos meses. El coste, probablemente, esté en torno a los 2.000 millones de euros, 2.000 millones, dependiendo de qué se consideren costes directos e indirectos. Hay que tener en cuenta que es una zona altamente industrializada y hay mucha infraestructura dañada.

–Estos días han hecho una evaluación preliminar de daños y necesidades, y también un análisis inicial de cómo ha sido la gestión a la respuesta en esta fase aguda. ¿Cómo valora esta última?

–El sistema fundamental que podría haber evitado la mortalidad se aplicó de forma tardía. Desde que se produjo la alarma de la Agencia de Meteorología, pasadas las 7 de la mañana, hasta que Protección Civil Valenciana avisó a la población con el sistema telefónico, pasaron 12 horas prácticamente, cuando el estándar internacional recomienda que en desastres por inundación rápida se alerte a la población con al menos dos horas de anticipación para que pueda ponerse a salvo. Se alertó con 12 horas de retraso. Es un fallo importante de gestión. Luego está la contaminación política del asunto...

–Diga.

–Ya lo vimos con la covid: el enfrentamiento entre las autoridades autonómicas y el Gobierno central. No aprendemos. La actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, manifestando que no se les había dejado actuar, me pareció lamentable. Decir eso no es responsable en medio de una crisis. El nivel de enrarecimiento del ambiente político es tan grave, que consigue contaminar incluso los temas técnicos. Influye en la toma de decisiones. Los políticos no deberían tomar decisiones técnicas.

–¿Por qué no hay más ensayos para preparar a la población?

–Porque hasta ahora España no es un país con una frecuencia grande de desastres y ni las autoridades ni la población perciben su importancia. No tenemos cultura preventiva, sino de respuesta reactiva frente al desastre. Hay que reorientar el sistema de protección civil hacia una implicación más activa de la gente. Por ejemplo, en un desastre rápido de este tipo, siempre hay una fase de aislamiento en la que la gente tiene que valerse por sus propios medios durante horas o algunos días, y deben saber con antelación qué han de hacer y qué cosas tienen que tener en casa o en el coche.

–Habla de tener un kit adaptado al territorio. ¿Cómo sería en Asturias?

–Asturias es una excepción porque, en comparación con la costa mediterránea o el sur, no tenemos desastres climáticos. Los hay, a pequeña escala, de precipitaciones. Nuestro perfil de riesgo, en este sentido, es bajo. Nuestra posición geoclimática es privilegiada: nos va a evitar parte importante de los desastres climáticos y mejorará el clima, que lo calentará un poco. Somos una comunidad pequeña, con muy buen sistema de protección civil, de los mejores de España, y un sistema de comunicaciones privilegiado. Ante pequeños episodios, está en muy buenas condiciones.

–Volviendo al kit, ¿qué debería contener?

–En los sitios donde este tipo de fenómenos es habitual, la gente tiene una mochila de emergencia que incluye un paquete básico: cierta cantidad de agua potable, un sistema de iluminación con pilas o baterías de alimentación, ternas); un sistema alternativo de comunicación al móvil como un aparato de radio; alimentos de largo periodo de conservación y un sistema de potabilización de agua (por ejemplo, pastillas potabilizadoras). Es algo que está en los libros y lo recomendamos. Pero la gente no lo conoce.

–Hemos visto miles de personas acudiendo a las localidades afectadas para ayudar.

–La 'excursión humanitaria' hay que evitarla porque puede crear más complicaciones que ventajas. Entiendo la sensibilidad personal y la pulsión por ayudar, pero supone un problema. Es lo que llamamos introducir más caos en el caos, porque dificulta enormemente la gestión de la emergencia en la zona. Además, quienes van se van a frustrar porque van a dar vueltas por las calles sin saber exactamente qué hacer, verán que los profesionales de emergencia están a otra cosa y a las tres horas se volverán probablemente frustrados. Volvemos a lo mismo: nos falta una cultura de prevención de desastres.

–¿Dónde hay que poner el foco ahora?

–El acceso a agua potable es una prioridad esencial porque en este tipo de desastres puede haber una contaminación cruzada entre las redes de abastecimiento de agua potable y de residuales y también se ven afectadas las plantas de depuración. En ese entorno hay unas 190. Es preciso monitorizar que el agua es potable. Y hay que mantener funcionando el sistema de salud y proporcionar ayuda a los grupos con necesidades especiales (enfermos crónicos, con diálisis, que necesitan medicación determinada), ancianos... Y restablecer infraestructuras básicas, como la electricidad.

–Si dependiese de usted, ¿hubiese decretado el estado de emergencia?

–Sí, pero lo tienen que solicitar la comunidades autónomas. Técnicamente estaba justificado declarar el máximo nivel de emergencia, en el que el Estado asume la responsabilidad.

–¿Hay efectivos suficientes? ¿Se debería haber movilizado más rápido al Ejército?

–No se trata de más cantidad de ayuda, sino de que la ayuda sea la adecuada a lo que se necesita. La pertinencia de la ayuda es más importante que la cantidad. Y eso también se refiere a los recursos humanos. No por poner 4.000 solados vas a mejorar sustancialmente los impactos que se han producido. Y poner más recursos en la fase de ayuda no reduce ni la exposición, ni la vulnerabilidad de la población a los siguientes desastres.

–Dice que estos episodios serán cada vez más frecuentes. ¿Hay margen para estar mejor preparados?

–En esa zona y en otras de España tienen planes urbanísticos y de uso del territorio que están hechos con datos meteorológicos de series históricas que ya no sirven, porque la intensidad de los desastres climáticos ha aumentado. Hay que hacer una revisión general de todos esos planes. Y luego tenemos un sistema de protección civil muy bueno, pero muy basado en responder con ayuda en la fase aguda de emergencia y menos en la prevención.