Los participantes en la webinar de EL COMERCIO sobre Gobierno Abierto y Participación. DAMIÁN ARIENZA
ESPECIAL | Gobierno Abierto y Participación

«La participación ciudadana contribuye a la toma de mejores decisiones»

Los expertos reivindican «el derecho» a pedir información y tener un papel activo en la gestión de la vida pública

Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 21 de septiembre 2022, 02:48

Participar en la vida pública de tu pueblo, ciudad o país, en su gestión, en su gobierno, en la toma de decisiones, tiene que ir mucho más allá de ir a votar cada cuatro años. De esa premisa básica, de espacios de participación, de formación e información, de presupuestos participativos y de sociedades democráticas hablaron ayer expertos en el tema en la webinar 'Gobierno abierto y participación', organizada por EL COMERCIO. Un encuentro y debate en el que quedó claro que, pese a lo mucho avanzado, aún queda mucho por hacer. Y que, lamentablemente, «Asturias ha perdido muchos espacios tradicionales de participación», especialmente en las zonas rurales, donde precisamente más sencillo debería ser.

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El encuentro, presentado y moderado por el periodista de esta casa Eduardo Paneque, contó con una intervención inicial de José Antonio Garmón, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, encargado de dar la bienvenida a los ponentes. Firme defensor del gobierno abierto y la transparencia, Garmón fue contundente al asegurar que «la libre expresión y el pensamiento crítico no son nada si no hay participación. La participación es el mundo de las ideas tomando tierra, es convertir el pensamiento en acción». Es, de alguna forma, dejar de ser espectadores para ser protagonistas. Fue el primero en asegurar que «la participación no puede ser depositar un voto cada cuatro años».

Completamente de acuerdo con eso se mostró Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes: «No podemos renunciar al derecho de los ciudadanos de una administración pública transparente. Una vez que votamos, los representantes públicos nos siguen representando y tienen obligación de seguir informándonos y darnos cuenta de su gestión administrativa». Samayoa, que participa en los grupos de trabajo que están elaborando la nueva Ley de Transparencia, dejó muy claro que se trata de un «derecho de un país democrático».

Un derecho de todos, también de los vulnerables, algo en lo que insistió mucho Manuel Galán, vicepresidente de CODOPA (Coordinadora de ONGD de Asturias) y que participó en la webinar en sustitución de la presidenta de la entidad, Ana Andrés, a la que surgió un imprevisto. En una sociedad con «cada vez más personas vulnerables» en cualquiera de los ámbitos posibles, desde el laboral al familiar, cada vez es más importante «crear espacios de participación que los ciudadanos sientan como propios». Un espacio que va muchos más allá, advirtieron todos los participantes, de hacer una consulta pública puntual.

Un trabajo que debe hacerse desde uno y otro lado. Desde el sector público, es fundamental, dijo Garmón, que «se deje de ver como un problema o un obstáculo la participación ciudadana». Todo lo contrario: «Dota de más legitimidad a la acción pública, contribuye a una mejor toma de decisiones. Es fundamental, especialmente en las decisiones más complejas, que puedan levantar más resistencia».

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Pérdida de confianza

Los segundos protagonistas son los propios ciudadanos, destacó Rudi Borrmann, subdirector de OGP Local (Open Goberment Partnership), entidad que reúne a más de 70 países y cientos de gobiernos locales y entidades. Ante una situación general de «deterioro de la vida pública, de pérdida de confianza en los políticos, es básico hacer políticas públicas que involucren a los ciudadanos».

Y estos tienen que dar también el paso. La formación, dijeron todos los expertos, es básica para que tanto los políticos, como los funcionarios públicos como los ciudadanos conozcan los derechos, los mecanismos y la información a la que tienen derecho a acceder.

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Una de las cuestiones básicas para la participación de los ciudadanos en la gestión en la vida pública son los presupuestos participativos. «Serían el colofón», admitió Manuel Galán, quien animó y alentó a los ciudadanos a implicarse. «Hay que volver a sentir, como sucedió en los años 90 con las manifestaciones del 0,7% y más, que la participación ciudadana es clave. Y las organizaciones debemos tener un papel vigilante con la administración, para que facilite de verdad esos espacios de participación».

Todos quisieron dejar claro, como resumió Rudi Borrmann, que lo que defienden está lejos del «romanticismo». No se trata de exigir transparencia porque sí, sino que «cuando se crea un ambiente más participativo, se crean ecosistemas de desarrollo más sostenibles y saludables». Cuando se logran, dicen, se ven de verdad cambios en la sociedad.

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De la andecha y la sextaferia a una nueva ley que lo regule todo

«Hemos perdido los espacios tradicionales de participación», lamentaba ayer en la webinar de EL COMERCIO Manuel Galán, vicepresidente de CODOPA (Coordinadora de ONGD de Asturias). Se refería a las «andechas, las sextaferias», espacios tradicionales de la zona rural, una «esencia que hemos perdido» y que se trata de recuperar «aquellos espacios que existían, de infancia, de madres y padres, de agricultores...» en lugares, además, «donde el contacto es más fácil, donde puedes verte con el alcalde y alcaldesa». Hay que recuperarlo y trasladarlo a otros ámbitos, defendieron.

De aquellas tradiciones se ha evolucionado hasta una Ley de Transparencia que muchos grupos de trabajo andan implicados ahora en reformar y modernizar. Participa en ello Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Aún no hay conclusiones, avanzó, pero se está trabajando «en el acceso a la información, la rendición de cuentas, para que sean transparentes, qué personas públicas tienen obligación de rendir cuentas, cómo puede el ciudadano acceder a la información... No se puede dejar a nadie atrás, a los mayores, a discapacitados... todos tienen que poder acceder a la información, hay que buscar la manera», explicó.

Más allá de leyes, José Antonio Garmón, el director general de Gobernanza Pública del Principado, aboga por lograr que ciudadanía, políticos y Administración Pública en general logren ver como «una alianza» esa necesidad de información y participación.

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