Omella no aclara si la Iglesia trabajará con el Defensor del Pueblo

«Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad, de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también han participado», aseveró el purpurado, durante su discurso de apertura de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.

Omella dijo que la Iglesia trabajará para que este fenómenos no se repita. Pese a que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, está haciendo gestos e invitaciones implícitas para que el episcopado se involucre en el esclarecimiento de los abusos sexuales dentro de la Iglesia y forme parte del organismo investigador, el arzobispo de Barcelona evitó desvelar si los obispos accederán a abrir los archivos eclesiásticos y declararán a petición de los expertos. El cardenal sí dijo que la víctimas representan la «prioridad absoluta» de la Conferencia Episcopal y destacó los pasos dados por la Iglesia, como el encargo al despacho de abogados Calvo Sotelo & Cremades de una auditoría externa sobre el problema. «Con este paso se añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante», dijo Omella.

Antes del comienzo de la asamblea, un grupo de asociaciones cristianas entregó en el registro de la Conferencia Episcopal una carta abierta en la que exigen a los obispos transparencia y que se rindan cuentas ante el escándalo. Las organizaciones, entroncadas con los cristianos de base, demandan «verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia».

Omella denunció la existencia de una ofensiva laicista que trata de coartar el derecho de objeción de conciencia y erradicar de la vida pública la voz de la Iglesia. «Vemos intentos de limitar el derecho a la objeción de conciencia, de desterrar de la vida pública fiestas y símbolos religiosos, especialmente el crucifijo -ma pesar de ser un símbolo portador de valores universales-, así como la tentación de crear un monopolio estatal educativo bajo apariencia de neutralidad».

El cardenal reiteró su rechazo al aborto y la eutanasia, instó a los poderes públicos a no excluir a los vulnerables y dependientes y apeló al Estado para que no se entrometa en acelerar el final de la vida. «Una sociedad que no protege la vida de sus integrantes es una sociedad abocada al fracaso y a la barbarie».

La Iglesia observa preocupada la amenaza a derechos y libertades, en especial la que garantiza la libertad de culto. «Fenómenos como el de la llamada cultura de la cancelación establecen un clima asfixiante para quien se atreva a discrepar de los nuevos dogmas. La Iglesia promueve el respeto a la diferencia, y defiende el principio de subsidiariedad del Estado en su acción», sentenció.

Omella se quejó de que a veces la imagen de la Iglesia está desvirtuada por espejos deformantes. Así, los gobiernos pueden sucumbir a la tentación de verla como un enemigo o «tratan de apoderarse y servirse de ella». Todo ello representa un grave error, pues la institución no está inspirada por intereses económicos, geoestratégicos ni ideológicos particulares».