Treinta minutos. Ni uno más ni uno menos. La agenda de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no suele tener muchos huecos libres, pero en la órbita del 25N quedar con ella es casi misión imposible. La entrevista con EL COMERCIO es ... telefónica, saliendo de un acto que concluyó con retraso y a las puertas de otro. Con muchas preguntas en el tintero, Victoria Rosell (Murcia, 1968) defiende que la lucha contra la violencia recibirá un presupuesto histórico y que la nueva Ley de Libertad Sexual cerrará la brecha de 17 años entre las víctimas de violencia machista y las de agresión sexual.
-¿Llegará un 25N sin necesidad de reivindicar nada?
-Es que es difícil plantearse ese escenario. Ya he dicho varias veces que ojalá estuviera ocupando un puesto destinado a desaparecer. Pero es tan estructural la violencia contra las mujeres y las niñas que es muy difícil que vaya a lograrlo. A corto plazo, desde luego que no.
-¿Ni siquiera en el llamado 'primer mundo', con inversión en medidas, campañas...?
-Es que en lo que un poco orgullosamente llamamos 'primer mundo' luchamos contra siglos de cultura patriarcal en todas las civilizaciones. De hecho, creo que este 'primer mundo' tiene más cultura patriarcal que otros a los que parece que menospreciamos.
-¿Falta educar en igualdad?
-Sí, la educación en igualdad es la única vacuna contra la desigualdad. Tenemos que convencer a toda la ciudadanía de que esto no es solo un Pacto de Estado, esto es un pacto de país, de sociedad. Que las actitudes y las decisiones políticas contrarias a la educación en igualdad o a una educación afectivosexual sana desde la infancia, por supuesto adaptada a la edad, han tenido efectos perversos y ahora estamos viendo como mucha juventud cree y replica mensajes negacionistas. Mensajes contra las feministas, pero también de vuelta atrás de los derechos de las mujeres.
-Con 37 mujeres asesinadas en lo que va de año, ¿cómo puede haber mensajes negacionistas?
-La lucha contra el feminismo es la parte principal del programa internacional de la ultraderecha. Es la reacción contra los derechos conquistados por las mujeres. Es, en realidad, luchar contra el estado democrático que hemos conseguido. A mí me preocupa muchísimo. Estamos en una situación muy peligrosa. Porque lo que están oyendo y replicando los jóvenes es una vuelta a hace cincuenta años.
-Del Pacto de Estado ha dicho usted que ha sido un acuerdo con más letra que cifras. ¿Ya hay recursos económicos tras el compromiso político?
-El Pacto de Estado son 400 medidas que, desde luego, yo no menosprecio en absoluto. Son nuestra guía. Nuestra agenda feminista. Con la Ley Integral de 2004, la violencia de género pasó de ser un problema privado a uno público, aunque restringido al ámbito de la pareja. Con el Pacto de Estado estamos en el momento de cerrar la brecha abierta con las otras violencias sobre la mujer, las agresiones sexuales. Yo provengo desde el ámbito de la Justicia y recuerdo que en los propios juzgados o en los centros de atención especializados no podíamos ofrecer la misma protección a una víctima de agresión sexual que a una víctima de agresión en el ámbito de la pareja. Cerrar esta brecha va a ser un logro histórico.
-¿Con la Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual?
-Sí. Va a dar muchísima seguridad a las víctimas. Hablamos mucho de las asesinadas, así como de los huérfanos y de los menores asesinados por la violencia machista, que son la muestra más sangrante de la desigualdad. Pero son la punta del iceberg en cuya base están 67.912 mujeres con caso activo en el VioGen y 16.529 con Atenpro en cifras hasta septiembre. Y con 12.291 órdenes de protección y 75.722 denuncias presentadas hasta junio... En agosto de 2021 anunciamos el millón de llamadas pertinentes al 016. Debajo de todas esas cifras hay un mar de violencia oculta que es la que nosotras creemos que el Estado debe ser proactivo y sacar a la luz. Creo que el Estado no puede decir cuando tú denuncies aquí está el sistema policial y judicial para protegerte y castigar al agresor. Denuncie o no, debe ofrecer a la víctima solución habitacional, ayudas, becas de estudio...
-Por eso le preguntaba por los recursos. En el I Congreso Internacional de Violencia de Género organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo se dejó claro que en 72 horas se deben tomar decisiones que afectan a la vida de una mujer, un hombre y, si hay, hijos, a la vez que atienden casos de robo, drogas... ¿Necesita más recursos el sistema judicial?
-En todos los sectores. Lo que hay que procurar es que la persona que tiene que tomar una decisión tenga toda la información posible. En este sentido es un gran avance el sistema VioGen, que es un referente mundial, como lo es la legislación española. No paramos de recibir llamadas internacionales como reconocimiento de que España es referente. Pero, como decía, lo que hay que procurar es que tenga toda la información posible. Que el VioGen se abra a que esa información la tengan y la aporten los servicios especializados, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). Como nos dice el Grevio (el Grupo de Expertos contra la Violencia de la UE) hay que tener prevención, punición, protección y coordinación institucional.
-Sí, pero mi pregunta sigue siendo ¿hay recursos económicos para todo esto? En Asturias, solo hay dos juzgados especializados. La Fiscalía critica que no puede hacer valoraciones de riesgo porque no hay personal suficiente en las UVFIs...
-Los Presupuestos Generales del Estado prevén una cantidad nunca vista en la lucha contra las violencias sobre las mujeres. No son solo los cien millones de transferencia del Ministerio de Igualdad a las comunidades autónomas, ni que se haya duplicado, de 20 a 40 millones, la financiación a las entidades locales. También son los fondos de next generation para la reconstrucción de la UE. Y España dice 'la reconstrucción tiene que ser con las mujeres, tiene que ser con las víctimas de la violencia machista'. Por eso nuestro plan de igualdad se llama España te protege contra las violencias machistas. Otros ministerios, como el de Justicia del que habla, harán un esfuerzo importante. Sumando solo lo que el Ministerio de Igualdad destina son 284 millones de euros. El salto cualitativo es importante.
-¿Se traducirá en efectivos?
-Es verdad que el Estado adolece de un adelgazamiento de la Administración, por cómo se ajustó la crisis en años anteriores, con mecanismos privatizadores que te das cuenta que han hecho un gran daño. A mí me pueden multiplicar por diez el presupuesto que si no tengo personal especializado para llevarlo a cabo, la ejecución se resentirá y no será ejecutiva. Estamos con una apuesta como nunca a nivel de Gobierno feminista, con una política transversal. Tenemos que encontrar la perspectiva de género en Sanidad, en Justicia, en Educación, en Asuntos Exteriores...
-¿Asuntos Exteriores?
-Sí, tenemos un plan de atención a las víctimas de violencia en el exterior que queremos que incluya también la asistencia jurídica especializada con una ayuda económica importante. Porque en España damos por hecho que las víctimas de violencia de género tienen asistencia gratuita y eso es verdad, pero en España. En otros países, no. Incluso es disuasorio el precio de iniciar un proceso para salir de la violencia. Estamos viendo casos de españolas que están en el exterior con normas mucho menos avanzadas y con un gran problema de medios económicos.
-Citaba usted al Grevio, al que esperamos que entre Patricia Faraldo. El grupo advierte a España sobre los padres maltratadores que siguen teniendo derecho de visita.
-Eso lo hemos introducido con mucho esfuerzo en la Ley Integral de Protección a la Infancia, que lleva en vigor desde el 24 de junio. Tenemos el artículo del Código Civil, el 94C, que dice que a los imputados, sin tener sentencia, por violencia de género no se acordarán regímenes de visita y si existieran se suspenderían, lo cual quiere decir que esto es retroactivo. Porque ante la duda debe prevalecer el interés del menor a una vida libre de violencia.
-¿Un maltratador nunca puede ser un buen padre?
-Claro que no. Hay un prejuicio judicial y social muy establecido: que el interés del menor es estar en contacto con sus progenitores una vez que se rompe la relación entre ellos. Pero eso debe sustituirse por el derecho a una vida libre de violencia. La decisión del poder legislativo a propuesta del Gobierno es que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Desde luego es más sencillo reanudar un régimen de visitas que reparar la violencia que puede haber sufrido el menor.
-Pero no se está aplicando.
-Efectivamente, esa aplicación se está retrasando. Pero la instrucción de la Fiscal de sala de violencia ha sido un gran paso. Creo que hay que hacer el esfuerzo para aplicarlo. Como ocurre con el resto de artículos del Código Penal. Los fiscales no solo pueden actuar de oficio, sino que tienen que proteger el interés del menor de que viva libre de violencia. Aún no estamos viendo esa ola de revisiones de derecho de visitas, pero la habrá.
-Muchas víctimas se arrepienten de denunciar.
-Cuando la víctima se arrepiente es un fracaso del sistema. Es importantísimo que la víctima tenga acompañamiento y asesoramiento previo. No puede pasar por la puerta de un juzgado sin saber lo que se va a encontrar.
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