De número dos de la Guardia Civil en Oviedo a responsable del caso de Diana Quer en Galicia

De trato afable y didáctico en sus explicaciones, como volvió a demostrar ayer, anteriormente desarrolló su labor en diferentes provincias españolas como Asturias y León, formó parte de la lucha antiterrorista en la Comandancia de Vizcaya durante cinco años y colaboró en diferentes misiones en el extranjero, concretamente en Guatemala. Allí trabajó con la ONU en una misión de carácter humanitario y con la Unión Europea en el asesoramiento técnico de la Policía Nacional. El coronel posee también los cursos de especialización de Policía Judicial y del Servicio de Información y ha sido condecorado en varias ocasiones.

Sin embargo, si por algo suena su nombre en Asturias fue por ser uno de los miembros de la cúpula de los cuerpos de seguridad del Estado en el Principado en el momento de los atentados del 11-M. De hecho, tuvo que declarar en el juicio y acusó en su comparecencia ante el Tribunal a la Unidad Central Operativa (UCO) de haberse «desentendido» de la polémica sobre posibles negligencias en la investigación de la trama asturiana que suministró los explosivos. Fue esta «descoordinación policial» la que impidió parar el tráfico de dinamita en la región, una descoordinación que fue admitida en el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, en el escrito de acusación de la Fiscalía y en la propia sentencia de la Audiencia Nacional sobre la autoría de los atentados. La declaración de Jambrina constituyó también una descarga de responsabilidad para las fuerzas de Seguridad en Asturias. Al tratarse de dos sospechosos asturianos, la UCO contactó con la Comandancia ovetense, que planteó crear un equipo de trabajo e investigación mixto. Sin embargo, la UCO, cuyo coronel jefe era Félix Hernando, se negó a dedicar recursos porque consideraba que la investigación no excedía el ámbito asturiano.

Se supo también que un subordinado del coronel Hernando intentó que Jambrina destruyera un documento que demostraba oficialmente, y no solo por los testimonios del confidente Rafá Zouhier, que la UCO estaba al tanto de los movimientos de la trama asturiana. El ahora jefe de la Comandancia de La Coruña había recibido una llamada reclamando que destruyera ese documento determinante para la Guardia Civil de Oviedo. Sobre todo si se tiene en cuenta que Hernando, en su comparecencia ante el Congreso, aseguró que no actuaron contra Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro porque «la investigación era de ámbito local». Textualmente, porque así consta en los autos del 11-M, Jambrina se molestó cuando le pidieron que se deshiciera del documento «y le puse a parir», dijo al juez Juan del Olmo cuando le interrogó en la Audiencia Nacional.