El Constitucional francés avala que se multe a los clientes de la prostitución

La ley, que entró en vigor en abril de 2016 tras dos años y medio de encendidos debates en la Asamblea Nacional y en el seno de la sociedad civil, sanciona la «compra de actos sexuales» bajo multa para los clientes de hasta 1.500 euros, que se elevarían hasta 3.750 en caso de reincidencia. La ley también prevé un «recorrido de salida» de la prostitución, con ayudas financieras para las personas que se comprometen a abandonarla. Sus efectos no han sido, por el momento, contundentes. Dos años después de su instauración, 1.527 clientes habían sido penalizados, con multas de entre 150 y 500 euros, una cifra relativamente modesta si se tiene en cuenta que la población de trabajadoras del sexo en Francia se estima en 40.000.

Nueve ONG, entre ellas Médicos del Mundo y el Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS), elevaron a finales del año pasado una reclamación al Consejo Constitucional para que aboliera esta medida que, aseguran, contraviene derechos garantizados por la Carta Magna como «la autonomía personal y la libertad sexual, el derecho al respeto de la vida privada, la libertad contractual, la libertad de emprender, así como el principio de necesidad y de proporcionalidad de las penas».

El 'comité de sabios', como se conoce en Francia a los miembros de esta institución, ha dictaminado, sin embargo, que la ley es conforme a la Constitución ya que, aunque las relaciones sean «entre adultos consintientes» y en un lugar privado, la mayor parte de las personas que ejercen la prostitución son «víctimas del proxenetismo y la trata», y que la ley busca luchar contra esas lacras, así como «asegurar la protección de la dignidad de la persona humana contra esas formas de sometimiento».

Para las asociaciones partidarias de la ley como el 'Movimiento del Nido', que ayuda a las mujeres que han decidido salir de la prostitución, «penalizar es indispensable para abolir la violencia porque sin comprador no hay prostitución». No se puede consagrar un «derecho constitucional a comprar sexo», aseguran, cuando se trata, por definición, del «fruto de una relación de violencia».

Sus detractores aseguran, sin embargo, que la ley ha tenido, en los dos años y medio que lleva en vigor, consecuencias nefastas sobre la salud, la integridad física, los derechos y las condiciones de vida de las trabajadoras del sexo en Francia. Un estudio llevado a cabo por doce ONG que trabajan sobre el terreno con prostitutas y publicado por Médicos del Mundo, alertó el año pasado de que la ley ha obligado a las trabajadoras del sexo a ejercer en lugares más aislados, exponiéndose, por lo tanto a más riesgos.

El 63% de las participantes en el estudio aseguró que sus condiciones de vida se habían deteriorado desde la adopción del texto, el 42% sufrió más violencias, ya que se vieron obligadas a aceptar a clientes que antes habrían rechazado, y el 38% tuvo más problemas que antes para imponer a los clientes el uso del preservativo. Las relaciones con la policía también se deterioraron, así como sus ingresos. La comunicación también ha fallado, indican, ya que sólo 4 de cada 10 prostitutas conocen la existencia de ese «recorrido de salida» que incluye la ley, y tan solo 150 mujeres se han acogido a este mecanismo.