El Gobierno se moviliza para anular el primer sindicato de «trabajadoras sexuales»

'Otras', que es el acrónimo con el que el Ministerio registró legalmente un sindicato con sede en Barcelona, pero con vocación nacional, «desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes», según consta en sus estatutos.

La autorización oficial de 'Otras' provocó una convulsión en un Gobierno que, como recordó el propio presidente a través de un tuit, «es feminista y partidario de la abolición de la prostitución». El resultado de la tormenta fue que Valerio dio orden a la Abogacía del Estado para que inicie «todos los trámites pertinentes» para lograr que se declare «nula de pleno derecho» la resolución de la propia Dirección General de Trabajo que autorizó la inscripción en el registro del sindicato. Para, en definitiva, dar marcha atrás.

El camino que pretende seguir el Gobierno para impugnar la validez de la inscripción se apunta tanto en el comunicado del Ministerio como en el tuit de Pedro Sánchez. El Ejecutivo admite que la inscripción administrativa de Trabajo no contiene «errores de forma», pues cumple con los requisitos exigidos por la ley de libertad sindical y por el real decreto sobre depósito de estatutos de sindicatos y patronales. Sin embargo, señala que sí que es impugnable por el fondo de los estatutos. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita», adelantó el presidente. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadoras del sexo se dé cabida a la prostitución», amplió el Ministerio.

El malestar gubernamental y del PSOE por el supuesto error burocrático fue evidente. Su Ejecutivo había autorizado un sindicato que podía tratar de introducir en la legalidad una actividad que los socialistas no solo quieren ilícita, sino que llevan años intentando erradicar. Hace un año trataron de que el pacto de Estado contra la violencia machista incluyese una reforma del Código Penal para castigar a los dueños de prostíbulos, para sancionar a los clientes, y para condenar a cualquier proxeneta, se lucre con autorización de la prostituta o sin ella. En la actualidad solo es delito la prostitución de menores, la prostitución forzada y el proxenetismo sin consentimiento.

La inscripción, de hecho, va en contra del criterio y la filosofía de la mayoría de los partidos españoles, que se han comprometido a impulsar con urgencia una ley integral contra la trata de seres humanos, que en España tiene su aspecto fundamental en el tráfico de mujeres para la posterior explotación sexual.

No existe un estudio sobre el alcance nacional de la prostitución. Solo hay datos que permiten aproximarse. La Policía Nacional identificó en un año a unas 14.000 víctimas de explotación sexual que trabajaban para mafias y redes delictivas en clubes de alterne, pisos, polígonos, carreteras o parques, el 95% mujeres. No obstante, los propios agentes especializados calculan que solo es la punta del iceberg y que las explotadas, parte de un negocio ilícito que mueve unos cinco millones de euros diarios en España, podrían estar entre 40.000 y 45.000.

Su percepción coincide con un estudio elaborado por Cáritas. Las conclusiones indican que el 90% de las mujeres que trabajan como prostitutas no lo hacen de forma voluntaria y que el 80% de ellas son extranjeras. La trata en España tiene como principales víctimas a las nigerianas, pero también destacan como origen Rumanía, Brasil, República Dominicana, Colombia, Bolivia o China.