Ocho millones de personas piden a parientes o no pueden pagar la vivienda

La ahora barrendera ha logrado escapar del círculo vicioso de jornadas extenuantes, salarios raquíticos y encadenamiento de contratos temporales, circunstancias que abocan a lo que los expertos llaman «inestabilidad laboral grave», una realidad que castiga a 7,8 millones de personas.

La mitad de los damnificados no pueden encarar gastos imprevistos y el 42% tienen que pedir prestado a parientes y amigos, bien porque están sumidos en la temporalidad o la economía sumergida. Engrosan una fuerza de trabajo nada desdeñable, dado que el drama afecta a un 16,4% de los hogares en España.

Estos 7,8 millones de personas dependen de un sustentador que hace malabarismos para sacar adelante a su gente. Tres de cada diez personas de este grupo carecen de dinero para afrontar gastos como la hipoteca, el alquiler o los suministros. Y hasta un 13,1% de las familias pasa apuros a fin de adquirir material escolar.

Para el analista y coordinador de estudios de la Fundación Foessa, Raúl Flores, 615.000 personas, un 1,3% de la población, viven inmersas en empleos informales, «sin tener ningún derecho cuando enferman ni poder acudir a la justicia ni a coberturas sociales» en los momentos de mayor vulnerabilidad.

No menos ominoso es el caso de 2,5 millones de trabajadores que, pese a estar empleados, no logran liberarse de situaciones de pobreza relativa. «Pese a madrugar a diario y dedicar gran parte de su tiempo y energías a cumplir en su empleo, siguen viendo vulnerado su derecho a cubrir las necesidades básicas propias y de sus familias», aducen los autores del informe ‘2020 Focus. Vulneración de derechos y trabajo decente’, presentado este miércoles.

Buena parte de los integrantes de la nueva pobreza tienen una jornada a tiempo parcial, como sucede al 13,5%, según la última Encuesta de Población Activa. Casi la mitad de ellos (48,1%) sufren una parcialidad indeseada, es decir, no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o lograr la ampliación horaria en su actual empleo.

Para la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, «es urgente un cambio de paradigma y la protección del derecho al trabajo».«Necesitamos -prosiguió- un modelo de economía basado en las personas; es necesario repartir de una manera más justa el empleo y reconocer el trabajo de cuidados».

«Son muchas las familias que navegan en un mar inestable. Alternan tiempo de trabajo con desempleo, el paso por múltiples empresas, lo que les obliga a aceptar un empleo informal, sin alta en la Seguridad Social y sin derechos», denunció Flores.

Por sectores, las situaciones más lacerantes se dan entre los más expuestos a la estacionalidad, como hostelería, turismo o los servicios auxiliares. Si se contrasta la base de cotización media de la hostelería con la media de los trabajadores, los sueldos son un 40% más bajos. Sin salir de la hostelería, si se atiende al servicio de comidas y bebidas, se observan disparidades salariales enormes. Así los salarios de los camareros son un 43% más bajos y los de las mujeres que desempeñan el mismo oficio un 50%.

Las mujeres y los inmigrantes figuran entre los más perjudicados. En el caso de las trabajadoras, llama la importante desigualdad salarial con respecto a los hombres, que medida en términos de brecha salarial alcanza una ganancia media inferior del 21%.

En lo que concierne al empleo doméstico, resulta que solo hay registradas 38.274 personas como cotizantes en este sector profesional. Un indicador que revela que buena parte de ellas, desempeñan su labor sin los derechos y la protección que deberían tener. Tanto es así que el salario del personal doméstico es hasta un 52% inferior a la media entre las mujeres.

Hoy por hoy, la seguridad que procura un empleo a tiempo completo y con contrato indefinido es una quimera para cerca de cuatro de cada diez trabajadores (34,6%). «Es un amplio grupo de población que no trabaja las horas que le gustaría ni durante los periodos de tiempo que le gustaría», adujo Flores.

«Estas cifras también sirven para dar testimonio de la escasez o falta de eficacia de las políticas que permiten reducir esta desigualdad y condiciones injustas para las personas que trabajan en sectores esenciales como son el del trabajo doméstico, la agricultura y la hostelería», remacha el estudio.