Víctimas españolas de la talidomida en 2013. A la izquierda, José Riquelme, presidente de Avite. EFE

La mayoría de víctimas de la talidomida no tendrá ayudas económicas

Sólo la quinta parte de los 609 solicitantes han sido incluidos en el Real Decreto que aprueba ayudas de 12.000 euros por cada grado de minusvalía

Martes, 4 de julio 2023, 14:41

Después de 73 años de nacer el primer afectado por la talidomida en España, el Gobierno aprueba un Real Decreto que estipula unas ayudas económicas de 12.000 euros por cada grado de discapacidad reconocida. El «derecho para recibir ayudas económicas» promulgado en el Consejo ... de Ministros de este martes se destina a personas que han sufrido «malformaciones corporales compatibles con la talidomida, que hayan sido gestadas en España y que figure en el registro del Instituto Carlos III», indicó la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez en rueda de prensa. Estos requisitos los reúnen 130 individuos, y siete están «pendientes de resolución».

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Cada uno de los beneficiados tendrá un pago único de 12.000 euros por cada punto de discapacidad reconocida. «Una persona con 33% de minusvalía podrá acceder a ayudas de hasta 396.000 euros», calcula Rodríguez. Tendrán tres meses para solicitarla. Sin embargo, la principal asociación de afectados reclama que han sido más de 600 personas las que nacieron con malformaciones en las extremidades y órganos internos que podían beneficiarse de esta compensación. Pero sólo han superado las pruebas clínicas menos de la quinta parte.

«El Gobierno empezó un protocolo clínico y encargó a hospitales de referencia de las Comunidades Autónomas hacer el diagnóstico», asegura José Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), en cuya asociación hay una centena de víctimas que se han quedado fuera del decreto. «Se presentaron más de 600 y aunque había afectados con idénticas secuelas, en unos casos sí y en otros no aceptaron que sus secuelas estaban relacionadas con la talidomida».

Ya desde otro decreto de 2010 los afectados habían reclamado la dificultad de demostrar que las secuelas se debían a la ingesta de talidomida por parte de sus madres. Los afectados habían calculado 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía y la cuantía aprobada ayer es el 60% de lo que pedían. En esta resolución tampoco se incluye a los herederos.

La ayuda llega después que los afectados perdieran todos sus recursos en tribunales españoles, en los que pedían una indemnización superior a los 200 millones de euros a la farmacéutica alemana Grünenthal. La vía judicial la inició Avite en 2012 y, aunque ganaron en primera instancia en un juzgado de Madrid, la Audiencia Provincial y el Supremo sentenciaron que el caso había prescrito y desestimaron la demanda en 2015.

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Ahora los afectados asociados en Avite, que tiene 74 miembros beneficiados en este decreto, se siente utilizado. «El Real Decreto empezó en 2018 y se ha tardado cinco años para hacerse en el último Consejo de Ministros antes del fin de la legislatura», acusa Riquelme, cuya asociación pidió enmiendas al borrador, y todavía desconoce si han sido incluidas. «Es sorprendente que nos hayan querido utilizar hasta el último minuto».

Cinco años sin control

La talidomida se usó a nivel mundial durante cinco años, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, para frenar las náuseas en el embarazo, y en España empezó a comercializarse en 1960 bajo el nombre de Softenón. Hubo entonces «un aumento del número de nacimientos con niños con malformaciones gravísimas, a los que les faltaban brazos, piernas y órganos internos, y alteraciones auriculares y visuales», indica Mónica Navarro-Michel en ‘Daños causados por la talidomida. La batalla legal que no cesa’.

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Ya entonces se había demostrado la relación entre el fármaco y las secuelas de los bebés. La incidencia era del 20% de los fetos de mujeres que la habían tomado, según el estudio de Navarro-Michel. En España se prohibió en 1962, dos años después de las primeras evidencias científicas y uno después de que comenzara a prohibirse en otros países. Pero los afectados siguieron naciendo hasta tres años después, debido a la laxitud de controles médicos. Se estima que hasta 1965 había existencias que podían seguir en el canal de comercialización o en manos de particulares.

Vuelta al mercado

Este año 2023, en febrero, el Ministerio de Sanidad volvió a aprobar el uso de talidomida en España (bajo el nombre Talidomida Accord 50 mg cápsulas duras), como tratamiento de primera línea para mieloma múltiple cuando el paciente no es apto de recibir quimioterapia o sea mayor de 65 años.

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«Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas, el uso de talidomida está contraindicado en mujeres embarazadas» y sólo pueden tomarlo, suministrado en hospitales, las que usen «medidas anticonceptivas eficaces sin interrupción».

La talidomida también puede ser «excretada a través del semen» y afectar a una mujer embarazada, y los varones también deben utilizar preservativo durante todo el tratamiento.

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