«Lo lógico es que sean los ayuntamientos quienes usen su propio superávit»

-¿Cómo está viviendo la crisis?

-Es una crisis sanitaria en la que la vida de nuestros mayores o personas con algún tipo de patología corre peligro. Siempre tendemos a decir que lo más importante es la salud y en estos momentos más que nunca esta frase cobra sentido. Nos preocupa también y bastante la situación económica derivada, ya que serán muchas las personas, las familias y las pequeñas y medianas empresas que sufrirán esas consecuencias.

-¿Estaba la Administración asturiana preparada para una pandemia de este tipo?

-Es una situación sobrevenida que nos ha pillado a todos por sorpresa. Se diga lo que se diga, gobierne el color que gobierne, ninguna administración estaba preparada para esta pandemia. Sí creo que han sido decisivas determinadas medidas que el Gobierno asturiano ha tomado, adelantándose incluso a la aprobación del decreto del estado de alarma. También pienso que hay administraciones más fuertes que otras y la asturiana se ha revelado como una organización competente, capaz y bien dotada. Al margen de la respuesta sociosanitaria que creo que está siendo ejemplar, sí que me gustaría destacar que el mismo día que entró en vigor el estado de alarma teníamos a 8.000 trabajadores públicos con capacidad para teletrabajar desde casa y, a las dos semanas, teníamos ya cerca de 20.000. Además, a diferencia de otras comunidades, en Asturias no se ha hecho ningún recorte en la sanidad pública. Todo esto ha permitido mejorar nuestra capacidad de reacción.

-Han potenciado el teletrabajo, pero desde la oposición denuncian disfunciones...

-Somos conscientes de que en materia de desarrollo tecnológico y digital queda mucho trabajo por hacer en la Administración y mucho dinero que invertir en ello, no lo vamos a negar. Pero, aún así, el resultado de la puesta en marcha del teletrabajo para la función pública ha sido muy positivo. La capacidad y la buena disposición de los trabajadores de la Administración pública para adaptarse a la situación ha sido ejemplar y un equipo humano así no es algo que se improvise en un fin de semana. Es el resultado de años haciendo bien las cosas.

-Esta pandemia está haciendo replantearse muchas cuestiones. ¿Qué tipo de Administración saldrá de esta crisis?

-Como en todas las crisis, en esta también aparecen oportunidades que debemos aprovechar. Entre otras cosas, se están consolidando modelos de trabajo más eficientes debido al uso de las tecnologías. También estamos logrando grandes progresos en la simplificación de la gestión de trámites administrativos. Son pasos que ya no tienen vuelta atrás. Esta situación ha servido para comprobar que la transformación digital de la Administración es posible y que estamos en el camino correcto. Va a salir muy reforzada en cuanto a madurez digital.

-Se ha abierto un debate sobre los servicios públicos con una clara apuesta de su partido por su fortalecimiento. ¿Significa eso dedicarles más recursos?

-En la mayor o menor medida que nos han permitido los presupuestos disponibles para cada ejercicio, en las legislaturas de los gobiernos socialistas siempre se ha apostado y se apostará por servicios públicos de calidad y que lleguen a todos los ciudadanos.

-El gasto corriente acapara buena parte del presupuesto asturiano. ¿Se puede mantener la estructura de servicios en Asturias con menos personal?

-Efectivamente, el gasto en personal para este año es de 1.831,5 millones de euros, que es un 38,5% del presupuesto consolidado. Siempre apostaremos por los servicios públicos de calidad y ello pasa por tener el personal necesario para poder conseguirlo. No creo que se trate de reducir plantilla, sino de hacer una nueva reorganización de todos los servicios de la Administración y valorar realmente que el número de puestos de trabajo es el necesario para cada servicio. Habrá algunos que se tengan que reducir en personal y otros incrementarlo. De hecho, la directora general de Función Pública y yo, personalmente, ya le hemos trasladado a la inspección general de servicios la necesidad de tener que trabajar sobre esa reorganización, y esperamos retomarlo cuando todo esto pase.

-¿Mantiene su planteamiento de reducir la interinidad en la Administración pública? ¿Se podrán hacer ahora convocatorias de plazas públicas o los planes previstos quedan aplazados?

-Esta etapa de incertidumbre de cuándo se podrá retomar la actividad en su total normalidad nos desconcierta en lo referente a la realización de las convocatorias y de los procesos selectivos, dado que hoy por hoy sería imposible. Pero, sin duda, una de las prioridades en la Administración es la reducción de la interinidad y, por tanto, la de proporcionar una mayor estabilidad en el empleo a empleados públicas.

-A la vista de la actual situación, ¿será necesario reforzar el número de plazas de sanitarios?

-Esa pregunta quien la debe responder son los propios servicios de salud, que son los verdaderos conocedores de la situación real que tienen en sus servicios y, por tanto, son los que mejor saben sus necesidades. Desde mi posición de observadora, creo que Asturias ha dado una respuesta muy rápida, efectiva y contundente a los retos planteados por una pandemia de dimensiones mundiales. Parece, por tanto, que nuestra mayor dotación de efectivos y el ser una de las comunidades autónomas con mayor gasto sanitario por persona algo habrá tenido que ver en esa eficiente respuesta.

-¿Qué falla para que los tribunales les sigan tumbando oposiciones?

-Las múltiples características que conforman un proceso selectivo son objeto, como es natural, de una intensa observación y cuestionamiento por parte de las partes interesadas, por los opositores y también por otros empleados públicos concernidos, al estar en juego algo tan preciado hoy como un puesto de trabajo estable. Se producen por ello intereses contrapuestos que multiplican las demandas, muchas de ellas incluso en sentidos contrarios. Tratamos de mejorar la seguridad jurídica de aspirantes, personal interino, etcétera, pero somos conscientes de que siempre habrá demandas en defensa de los intereses particulares de unos y otros. Aún así, el 91% de sentencias dictadas desde 2009 han sido favorables a los planteamientos del Principado.

-Se plantea una reorganización de los presupuestos. ¿De qué partidas propondrá detraer dinero su consejería?

-No conocemos cuánto se prolongará esta situación en el tiempo ni el recorrido que pueda tener la pandemia. Estamos evaluando las repercusiones económicas que esta situación está acarreado a la consejería. Sobre todo, llevando un control de los gastos extraordinarios como consecuencia del COVID-19. Todos los cambios y modificaciones presupuestarias se irán viendo y valorando en función de los tiempos, condiciones, situación y las necesidades más urgentes a cubrir.

-Su consejería es la encargada de la relación con los ayuntamientos. ¿Qué papel deben jugar en la salida de esta crisis?

-Todas las administraciones debemos de implicarnos con todos los recursos para hacer frente a la crisis tras el cese del estado de alarma. Pero, sin duda, los ayuntamientos son cruciales en la salida de la crisis, al ser la administración de relación directa y más próxima a los ciudadanos. Desde la Dirección General de Administración Local tenemos previsto realizar el pago de los fondos de cooperación local destinado a los ayuntamientos menores de 40.000 habitantes, un fondo que se ha incrementado en este presupuesto llegando a los 7,9 millones. Con la aportación para obras en infraestructuras en municipios de menos de 20.000 habitantes, seguiremos mientras dure esta situación realizando aquellas obras ya comenzadas y las que presenten un mayor nivel de urgencia.

-El Ministerio de Hacienda sondea la posibilidad de hacerse con los remanentes acumulados por los ayuntamientos, que en Asturias suman más de 400 millones de euros, para sufragar los gastos de esta crisis. ¿Apoya la medida? ¿Deben ser liberados para su uso por parte de los ayuntamientos o debe ser el Gobierno central quien los administre?

-Uno de los ejes de la política del presidente Adrián Barbón es el municipalismo, comprometido a trabajar en sintonía y a tender la mano a los 78 municipios asturianos. Debemos de permitir que los ayuntamientos hagan política. El uso de esos remanentes por los ayuntamientos ha sido algo que en estos últimos tiempos han estado reclamando y nosotros siempre hemos apoyado esa reivindicación. Teniendo en cuanta el carácter de básicos que tienen los servicios que prestan los ayuntamientos, parece lógico que deben ser estos los que puedan disponer de su superávit. Pero es cierto y tenemos que reconocer que, ante esta situación de crisis y con el estado de alarma, es el Estado quien toma las decisiones.

-¿Es urgente nombrar el Consejo de Transparencia o con esta situación puede esperar?

-La sociedad asturiana tiene a día de hoy acceso a una gran información sobre la acción de Gobierno a través del Portal de Transparencia, así como el derecho a solicitar acceso a información pública. La necesidad de crear el Consejo de Transparencia de Asturias sigue ahí. Su creación sigue siendo tan necesaria en abril como lo era en marzo o lo será en mayo o junio, pero también se trata de un consejo que debe ser dotado de recursos materiales y humanos para su funcionamiento, recursos que están previstos presupuestariamente, pero que movilizarlos en esta situación llevaría su tiempo. No obstante, es a la Junta a quien corresponde su nombramiento.

-Desde 2016 no hay una estrategia de prevención de incendios forestales. ¿Por qué se da esta situación en una región tan azotada por las llamas?

-Hay que decir que la estrategia de 2016 sigue vigente y se continúa trabajando activamente en las líneas marcadas en dicho documento. Además, a lo largo de los dos últimos años hemos abordado un amplio proceso de participación social y técnica que ha servido no solo como base para conocer mejor la realidad regional y redactar la nueva estrategia, sino también para adaptar y orientar algunas de las acciones de gestión en la materia. Pero los últimos pasos para la elaboración del documento se han visto afectados por la declaración del estado de alarma. En cuanto la situación de excepcionalidad lo permita, se retomará el trabajo.