Los jóvenes no tienen hijos porque «económicamente» no pueden

A lo largo de su intervención, el Defensor ha repasado las cuestiones más relevantes que recoge el Informe Anual de la Institución y ha insistido en la necesidad de alcanzar «acuerdos políticos, económicos y sociales lo más consensuadamente posible» para salir de la crisis generada por el coronavirus.

Asimismo, se ha mostrado preocupado por la situación de los jóvenes y ha reclamado un marco económico y social estable para este colectivo que es, a su juicio, el que requiere más urgentemente la atención de la sociedad.

Según ha recordado el Defensor, la población joven afronta altas tasas de desempleo y precariedad laboral que sitúan a la franja de edad de 20 a 29 años como el grupo de personas más vulnerables económicamente.

En su opinión, los principales problemas que afectan a este sector de la población en nuestro país son el difícil acceso al mercado laboral y la mala calidad de los empleos, así como las dificultades para acceder a una vivienda. Todo ello lleva a una fuerte caída de la natalidad ya que los jóvenes «no es que no quieran tener hijos, es que no pueden», ha aseverado Fernández Marugán.

Por ello, el Defensor ha urgido a aplicar medidas de política social, de acceso a trabajos estables y dignos, de fomento a la vivienda y de conciliación que permitan a las generaciones más jóvenes «mirar al futuro con ilusión».

Fernández Marugán ha valorado el importante papel que ha tenido el Estado a la hora de atenuar los estragos económicos causados por la pandemia. Así, y tras afirmar que «esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de protagonismo del Estado», se ha mostrado convencido de que el impacto sobre la economía «hubiera sido aún más profundo si no se hubieran adoptado medidas para mitigar la pérdida de rentas en las personas más vulnerables y para garantizar la liquidez al tejido empresarial».

Para el Defensor, ahora hay que hacer lo contrario de lo que se hizo en la crisis financiera de 2008, es decir, «cosas diferentes al rescate financiero de los bancos y las grandes empresas» para evitar «un crecimiento agudo de la pobreza y la profundización de la brecha que divide a quienes tienen acceso a la protección y quienes quedan a la intemperie».

De entre las actuaciones emprendidas desde la esfera pública para contener la crisis económica, el Defensor ha destacado los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital, el Fondo Covid destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales y la política fiscal que, a su juicio, ha «facilitado la supervivencia de muchas empresas y de su empleo».

«Este es un momento de gastar y se deben adoptar políticas expansivas», ha asegurado el Defensor, que ve inevitable aplicar una reforma fiscal «que aumente la capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema tributario». En esta línea, Fernández Marugán considera que «lo pertinente», sería racionalizar la fiscalidad de las grandes entidades corporativas para evitar que sean las pequeñas empresas y los sectores tradicionales los que soporten mayor incidencia tributaria.

Según ha destacado el Defensor, la irrupción de la pandemia supuso un desafío sin precedentes y agudizó las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y sobre las que la Institución lleva advirtiendo desde hace varios años.

Entre dichas debilidades, Fernández Marugán ha destacado las «listas de espera demasiado largas, la fragilidad de los servicios de urgencia hospitalaria, la escasez de profesionales sanitarios, la precariedad en la atención primaria, los problemas en la atención hospitalaria y los insuficientes recursos en salud mental».

Por ello, ha abogado por «invertir más en medios materiales y humanos garantizando siempre la cohesión territorial» y «priorizar los elementos del sistema más vulnerables en esta crisis: atención primaria, salud pública y salud mental».

El Defensor también ve necesario impulsar los servicios de prevención en materia de salud, crear una agencia estatal de salud pública independiente y hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial.

Fernández Marugán ha dedicado parte de su intervención a explicar el trabajo realizado en materia de residencias para personas mayores. Así, en los peores momentos de la pandemia, en abril de 2020, la Institución dirigió recomendaciones a las comunidades autónomas para mejorar la atención sanitaria en los centros geriátricos, la información a familiares y la protección de los derechos de los residentes.

Posteriormente, y fruto de sus actuaciones, y tras el estudio y análisis conjunto de quejas, la información oficial recibida y la evolución de la pandemia, el Defensor elaboró unas conclusiones que fueron publicadas en noviembre de 2020.

Para el Defensor, es necesario que las administraciones competentes mejoren la recopilación de datos y que elaboren estadísticas oficiales actualizadas sobre los recursos de atención residencial. En este sentido, ha celebrado la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de un censo completo y exhaustivo de los centros residenciales desde enero de 2021.

Otra de las conclusiones es que la asistencia sanitaria, bien en hospitales o en los propios centros residenciales no llegó a tiempo, lo que demuestra que «es preciso reforzar la coordinación de los centros residenciales con los servicios autonómicos de salud para mejorar el acceso a la atención médica».

Por último, Fernández Marugán ha resaltado que también falló la propia organización de las residencias «poniéndose de relieve los problemas estructurales del modelo de atención a los mayores, en manos mayoritariamente de entidades privadas».

«Se llegó a la emergencia sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos y en muchos casos insuficientes», ha apuntado.

Por otra parte, el Defensor ha abogado por hacer una reflexión de conjunto sobre el fenómeno migratorio en España y las posibles alternativas que se podrían adoptar para abordarlo adecuadamente.

Fernández Marugán ha asegurado que estas personas «vienen y van a seguir viniendo», por lo que, a su juicio, deberíamos evaluar con urgencia, y de manera global, la regulación de los flujos migratorios. Así, ha señalado que «la mayoría de las naciones desarrolladas, con su población envejecida, requieren de mano de obra y los migrantes y refugiados, que necesitan un lugar seguro para vivir y trabajar, se la ofrecen».

La Institución publicó en 2020 el informe monográfico La contribución de la inmigración a la economía española, que acreditaba que pocos colectivos son tan necesarios e importantes para el desarrollo de España como el de los migrantes. Para el Defensor «la migración no es solo un problema humanitario, es también una oportunidad de crecimiento». Fernández Marugán ha lamentado que las políticas europeas sigan centrándose en el fortalecimiento de las fronteras frente a la migración, en lugar de buscar vías para facilitarla de forma consciente y ordenada.

Una vez más, el Defensor ha cuestionado el sistema de acogida español y ha reclamado un conjunto de políticas que eviten tener que tomar decisiones improvisadas, como las adoptadas a lo largo de 2020 en Canarias, que fueron denunciadas por la Institución en un informe monográfico. «El sistema es poco eficaz para ofrecer unas condiciones dignas de acogida a personas que han puesto en riesgo sus vidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor», ha señalado.

Por otra parte, Fernández Marugán ha valorado positivamente los distintos Planes África y el Plan Canarias aprobado en noviembre de 2020. Además, ha insistido en la necesidad de contar con un proyecto consensuado en la Unión Europea. «Ha llegado el momento de mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea».

El Defensor ha concluido afirmando que «necesitamos inmigrantes en la Unión Europea, pero no queremos que arriesguen sus vidas» y para ello ha apuntado que «tenemos dos posibilidades: perpetuar el modelo actual de puerta estrecha, basado en un análisis irreal y contrario a nuestros intereses, o liderar dentro de Europa y con África una política migratoria ordenada, que es la que demanda el Siglo XXI. Creo que este último debería ser el buen camino».