El acuerdo histórico sobre la devolución de casi un millar de bienes inmatriculados por la Iglesia, que se ha producido este lunes, ha generado una oleada de preguntas al respecto. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha admitido que no le corresponde la titularidad de 965 de las 34.961 inmatriculaciones que las diócesis españolas inscribieron entre 1998 y 2015, aprovechando un decreto del Gobierno de José María Aznar.
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El asunto de las inmatriculaciones se remonta al año 1998, cuando el entonces presidente del Gobierno José María Aznar llevó a cabo una reforma de la Ley Hipotecaria, por la que se suprimió la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico.
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De esta forma, desde 1998 hasta el año 2015 la Iglesia católica española tuvo la posibilidad de inmatricular bienes, registrarlos por primera vez, de acuerdo con esta reforma de la ley hipotecaria. Pero en 2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se derogó este sistema y la Iglesia católica dejó de tener esta posibilidad.
Dos años más tarde, en abril de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley para urgir al Gobierno a aportar una relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en el periodo de 1998 y 2015.
Finalmente, fue en febrero de 2021 cuando el Gobierno, ya con Pedro Sánchez como presidente, hizo público dicho listado. En concreto, según esta lista, la Iglesia católica en España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998 hasta 2015.
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La entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, precisó que estas inmatriculaciones se hicieron «a la luz de la legalidad».
Desde entonces, se ha producido una negociación entre la Iglesia y el Estado consistente en verificar que todos los bienes que aparecen en dicho listado son los que se han efectuado conforme a la ley y subsanar errores, como pueden ser registros que figuren duplicados, bienes inscritos en otro periodo de tiempo o que se enajenaron.
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La CEE ha realizado este estudio a través de consultas a las diócesis, que ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal constituyeron una Comisión 'ad hoc' dentro del diálogo entre la Iglesia y el Estado español, sobre el asunto relativo a los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
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Dentro de este diálogo, el pasado mes de agosto ya mantuvieron una reunión el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el presidente de la CEE, Juan José Omella, y desde entonces, según informan ambas partes, se habían intensificado los trabajos.
Además, la semana pasada, Bolaños y Omella se volvieron a reunir para perfilar este asunto y el ministro precisó, tras el encuentro, que las negociaciones estaban «avanzando» y esperaba tener resultados «lo antes posible».
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La conclusión de los trabajos se ha materializado este lunes con un encuentro entre el cardenal Omella y el presidente Sánchez en la sede de la CEE, en Madrid, en la que se ha acordado la devolución de 965 bienes inmatriculados por la Iglesia.
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