Coronavirus | «No es ilegal que las mascarillas tengan un precio abusivo»

«Estamos para proteger la salud y los intereses de los consumidores», asegura José Ignacio Altolaguirre (Madrid, 1958), director general de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo. Un trabajo «muy importante, aunque a veces quede en segundo plano».

-La incertidumbre en la compra de material de protección es absoluta. ¿Cómo actúa al respecto su departamento?

-Estamos desarrollando una campaña de monitorización de precios, también de alimentos, material de higiene y otros productos, en colaboración con el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas. El objetivo es detectar prácticas desleales o abusos de mercado que puedan suponer una infracción.

-¿Cómo hacen esa vigilancia?

-Monitorizamos estas prácticas en páginas web. Para ello, cada día se selecciona una serie de productos, como el papel higiénico, y se hace una vigilancia de precios. Los datos se remiten a la Comisión de los Mercados y la Competencia que tendría, en su caso, la potestad de sancionar.

-Los precios de las mascarillas se han disparado. ¿Pueden hacer algo para contenerlos?

-Los precios son libres y cada uno puede poner los que quiera. Un precio abusivo no implica que haya prácticas ilegales. Hay que dejar claro que lo único sancionable sería ponerse de acuerdo para monopolizar el mercado o acaparar estocaje.

-Las farmacias han pedido que se intervengan precios y el ministro de Consumo ha dicho que será «inminente» .

-Por el momento no tenemos ninguna información al respecto, aunque todo puede cambiar. Ahora, cada farmacia se surte donde puede y algunos les venderán más caro y otros más barato. Es lo que tiene el mercado libre.

-¿Cuánto cree que debería pagar el consumidor?

-Por ética, las empresas no deberían aprovecharse de una situación como esta. Es cierto que el mercado internacional está más complicado y, por tanto, es lógico que los precios de estos productos hayan subido, pero no como en el caso de geles y mascarillas, que en el canal web se han multiplicado por diez.

-¿Hay empresas que no declaran este material?

-Los fabricantes y distribuidores están obligados a proporcionar datos de estocaje de estos productos para ponerlos a disposición de los servicios sanitarios. Si no lo hubieran comunicado y ahora estuvieran sacándolo al mercado, sería sancionable. Eso es lo que tratamos de localizar.

-¿Reciben reclamaciones?

-Hay pocas todavía e imaginamos que llegarán cuando todo esto termine, pero estamos abiertos a que, si cualquier consumidor detecta alguna práctica incorrecta, lo ponga en nuestro conocimiento de forma telemática para que se investigue.

-¿Qué otras acciones lleva a cabo la agencia en esta crisis?

-Hemos reforzado la parte de seguridad alimentaria para garantizar el control a las empresas y supermercados y evitar que se produzca una crisis alimentaria añadida a la actual. En cuanto a sanidad ambiental, controlamos el abastecimiento de agua y vigilamos instalaciones como torres de refrigeración de centros sanitarios para que no haya brotes de legionella, que provocarían problemas respiratorios añadidos.