Sin garantías constitucionales

Realmente poca cosa pasó. El desenlace era ya una cosa esperada. Por si las moscas, se decretaba que la autoridad civil y militar podrían «detener a cualquier persona si lo considerase para la conservación del orden», si bien diferenciándose a los «detenidos en esta forma» de «los presos y detenidos por delitos comunes». Se podría compeler, de considerarse necesario, a cambiarse de residencia o domicilio «a las personas que considere peligrosas» la autoridad de cualesquiera de ambos tipos, «o contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos», aunque nunca a más de 150 kilómetros de distancia «del pueblo del compelido a mudarle». No se imponía la censura previa, cierto es, pero sí se ponía sobre la mesa la suspensión inmediata «de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de delitos», por parte del Gobierno, que recogería «los ejemplares que encontrare de aquellas publicaciones, remitiéndolos, con las personas responsables de los delitos expresados, al juzgado ordinario competente, para los efectos de justicia». Y las autoridades civiles tendrían, para rematar, la libertad de «entrar en el domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, sin su consentimiento», y de «examinar sus papeles y efectos», con o sin el sospechoso delante. La guerra terminaba... o no.