El Gobierno abrirá oficinas de Justicia en pueblos para evitar desplazamientos a sedes judiciales

Así lo ha dicho durante su intervención el desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha señalado las «políticas de Estado» que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, entre las que se encuentra la transformación digital, y en especial de la Administración de Justicia.

Tras ser presentado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, Campo ha explicado los retos que ha traído consigo la crisis sanitaria del coronavirus y ha afirmado que el Gobierno ha «reordenado prioridades».

En este sentido, Campo ha enfatizado que el departamento tiene el objetivo de aprovechar la «multitud de posibilidades» que tiene la tecnología y ha puesto en marcha un «proyecto de proximidad de la justicia», con la creación de unas oficinas de información, asistencia y tramitación de asuntos que están «enfocadas a evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar a los partidos judiciales».

El ministro ha asegurado que las Oficinas de Justicia, que se desplegarán «pronto» por todo el territorio español, serán «muy útiles para las personas mayores», ya que dispondrán de personal especializado, que les prestarán una asistencia para realizar los trámites.

Con todo ello, el ministro ha recordado que este proyecto entra dentro de unos de sus principales objetivos al frente del Ministerio, que es «hacer un servicio público centrado en las personas». Así, ha reiterado su apuesta por la digitalización de la Justicia que, según ha indicado, no significa «poner robots para sustituir a jueces y fiscales», sino rediseñar el modelo y distribuir los recursos.

Además, ha subrayado que la Justicia es «clave» en la recuperación de la economía tras la pandemia del coronavirus, por lo que ha defendido la actuación de su Ministerio en este sentido para la reactivación de los juzgados y tribunales.

En este punto ha recordado el conocido como plan anti-colapso de la Justicia, en la que se han adoptado medidas urgentes como los juicios telemáticos, jornadas de trabajo de mañana y tarde o habilitar parte del mes de agosto; y el plan de choque para las jurisdicciones social y contencioso-administrativo y los juzgados de lo mercantil, ante la previsible avalancha de asuntos derivados de las consecuencias del covid-19.

Algo, que según ha recalcado, se ha conseguido con la «cogobernanza» de los miembros de la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia, integrada por el departamento que dirige Campo, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias en materia transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española.

«Hemos sacado un máster en cogobernanza», ha dicho, al mismo tiempo que ha apostado por mantener el «diálogo constante» en el futuro, ya que la crisis sanitaria ha demostrado que es «el mejor método de trabajo».

Por último, el ministro también ha incidido en las reformas legislativas que tiene pensadas acometer, como la ley del derecho de defensa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Sobre esta última, por la que se pretende otorgar las instrucciones de las causas penales a los fiscales, ha señalado que es una ley que hay que «potenciar» porque lleva «esperando 140 años». Por ello, ha pedido que se realice sin prisas: «No puede ser que fracase por la precipitación», ha concluido.