La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, afirmó esta mañana que el trato llevado a cabo en las residencias privadas fue el mismo que el que se empleó en las públicas. «Con las privadas mantuvimos un contacto diario desde principios de ... marzo». La consejera contestó así a las críticas por parte de varios grupos parlamentarios en el transcurso de la Comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19.
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«Las críticas que se están haciendo al Gobierno son injustas porque este gobierno no miente, siempre nos hemos regido por la transparencia y hemos aplicado la coordinación en todo momento», aseguró.
Melania Álvarez contestó a las críticas acerca del reparto de material de protección, asegurando que que se proporcionó el material necesario en todo momento con los mismos criterios. «Los centros privados, al igual que los públicos, se incorporaron a la red de distribución del material de protección disponible. El material de protección se distribuyó entre las residencias públicas y privadas aplicando exactamente el mismo criterio, en función de las necesidades de cada equipamiento».
De igual manera, dijo, «se intervino cuando fue necesario para controlar las situaciones complicadas que se vivieron en residencias privadas porque nuestra prioridad son las personas mayores, al margen de donde vivan».
La consejera negó que se hubiese «confiscado material», ya que «se actuó con rapidez y total contundencia ante los rebrotes que se produjeron en las residencias privadas. El sistema público ha estado a la altura de las expectativas».
A este respecto, Ana Suárez, gerente del ERA, puntualizó que el material de protección fue llegando a los centros «de manera ordenada y se consiguió un stock adecuado para dar respuesta a los procedimientos existentes en cada momento». Por eso, cree que «hay un sesgo en el tema de materiales. Invito a que se compruebe lo que se hizo llegar desde la Consejería. Fue un envío adecuado». A su juicio, «lo que se está buscando es culpables en lo público y víctimas en lo privado».
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La consejera de Derechos Sociales y Bienestar reconoció que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que el modelo asistencial de las residencias actual ha de ser modificado para atender a las necesidades de estos momentos que son distintas a las que había. «Es una necesidad el adaptarse a la nueva realidad».
Por ello, anunció que la próxima semana comenzarán las reuniones de la mesa de trabajo integrada por su consejería, el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), las asociaciones de familiares, la Federación de Asociaciones de Mayores (Fampa) y las patronales del sector para definir la hoja de ruta a seguir y establecer un calendario de puesta en marcha del renovado sistema asistencial. «La sistematización del trabajo de los profesionales no será por tareas, sino que estará basado en un cuidado integral de los residentes como personas de pleno derecho», añadió.
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Con ello, se apuesta por un refuerzo de todas las medidas preventivas que se aplicarán en los centros ante la posibilidad de un brote de coronavirus. «Estas actuaciones están en consonancia con los planes de contingencia que debe elaborar cada centro y que serán actualizados cuando las circunstancias lo requieran».
Álvarez, que incidió en que las residencias de mayores «no son centros sanitarios ni deben serlo», resaltó que «se actuó bien porque buscamos anticiparnos a todas las situaciones y colaboramos en el ámbito institucional con Delegación de Gobierno, la Unidad Militar de Emergencias, sector privado el el tercer sector», aunque reconoció que «la evolución de la situación nos llevó a tomar decisiones determinadas que ahora serían impensables por los datos que tenemos. Hay que asumir errores, pero también hay que diferenciar lo intereses que mueven a unos y a otros».
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Los grupos políticos ahondaron en la necesidad de asumir responsabilidades y se volvió a poner sobre la mesa lo ocurrido en la residencia de Grado. «Se está estigmatizando», contestó Ana Suárez. Especialmente crítico fue el diputado de IU, Ovidio Zapico, que acusó al Gobierno de la falta de datos e información y sacó a colación lo ocurrido en la residencia mixta en la que, dijo, «no se les permitía usar mascarillas a los trabajadores, no hubo protocolos ni directrices», algo que negó la consejera: «Se aplicaron los mismos protocolos dictados desde Salud Pública».
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