El Gobierno apunta a los trasvases para solucionar los problemas hídricos

La propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en una reciente entrevista en este periódico, afirmó, respecto al pacto sobre el agua, que «nuestra voluntad de que no haya enfrentamientos está por encima de todo. Tenemos el objetivo de que todas las comunidades estén mejor con un pacto que sin él». Tejerina abundaba en que «hemos avanzado muchísimo en materia de planificación y política de agua durante la pasada legislatura, pero ahora es importante abordar determinadas infraestructuras y decisiones que han de tener vocación de permanencia, y por eso es necesario el acuerdo. En un país como España es muy importante saber que no se puede decir no a ninguna fuente de agua y da lo mismo hablar de desalación, reutilización o trasvases».

En el informe, el Ejecutivo también pide la creación de una comisión de gestión para cada trasvase y la puesta en marcha de planes para paliar los efectos de las inundaciones, porque estos fenómenos serán «más frecuentes» con el cambio climático. El documento, que lleva fecha de febrero, habla de las líneas generales que debería reunir el citado pacto nacional del agua y se basa en las más de 120 reuniones celebradas en los últimos meses entre miembros del Ministerio de Agricultura con cerca de 600 responsables de las comunidades autónomas, de los usuarios, de las organizaciones ambientales y de los profesionales del campo.

En el documento del Gobierno también es partidario de crear un nuevo ‘tributo ambiental’ para incluir los costes ecológicos del agua, la instalación de contadores «inteligentes» en los hogares para «hacer un control efectivo del agua» y la eliminación de pozos ilegales.

Entre las medidas a adoptar propone «acometer prioritariamente las actuaciones en saneamiento y depuración que actualmente se encuentran incursas en procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea» y «la conveniencia de una auditoría continua» para poder verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de España con la UE dentro de la directiva del Agua.

En este capítulo también se pide «resolver el déficit de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración» que afectan a los servicios urbanos, «incluyendo la renovación del importante parque de instalaciones existentes». En el campo de la agricultura, este documento para la negociación pide estimular «el ahorro» del agua «a través de bonificaciones por un menor consumo» y «priorizar la extensión de la cobertura de los sistemas de medición y de los contadores de agua».

Desde el PSOE, su presidenta y exministra de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, rechazó el plan del Gobierno por estár «muy enfocado» a una política de infraestructuras y «sobre todo de trasvases». Recordó que su partido aprobó hace un mes un documento sobre la política de agua, en el que se propone, como primer paso, realizar una auditoria para saber la situación de los recursos. «Hay muchas preguntas por responder que son previas a cualquier revisión de la política del agua», dijo.