Coronavirus en Asturias | La red geriátrica de Asturias supera los treinta fallecidos y los 300 contagiados

Sin embargo, la Consejería de Salud solo da como confirmado uno de los casos, a falta de análisis en los otros dos. Unos análisis que demostraron que uno de los decesos contabilizados en la red privada no es imputable a coronavirus, así que la cifra de fallecimientos en los centros no públicos se reduce a seis.

Porque la virulencia del COVID-19 es más acusada en los centros que gestiona Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). El organismo dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tiene a los centros de Grado y Palacio del Villar como principales focos de la pandemia. De los veinticinco decesos que acumula la red pública, 17 vivían en Grado y 6 en la de Castrillón. Los dos restantes vivían en los centros ovetenses Santa Teresa y Naranco, respectivamente.

En total, 31 mayores asturianos fallecidos, a los que se suman las 303 personas contagiadas en el sector geriátrico. De ellas, 217 son usuarios, la mayoría del ERA (176 casos) y 86 son profesionales, también mayoritariamente de centros públicos (61). Los casos han sido detectados en once residencias públicas y siete privadas, además de dos centros de gestión pública.

Una situación que «no frenará» si no se les «dota de sistemas de protección» y «se hacen test a todos». La petición unánime la firman tanto los sindicatos de la red pública Comisiones Obreras y CSIF como las patronales geriátricas. Las que ayer advirtieron que, «antes de dar un alta hospitalaria, debe asegurarse que se realiza la prueba al residente y su resultado es negativo. No podemos seguir admitiendo retornos a los centros de personas sin prueba, pues no todos los centros pueden garantizar un aislamiento preventivo y eficaz».

Lo firma en un comunicado la Asociación Asturiana de Residencias de Tercera Edad, Ayuda a Domicilio y Centros de Día (Aarte), que engloba a 45 centros y 1.952 plazas, pero también lo apoya la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), la otra patronal que representa a 25 centros y 2.376 plazas y copa el 90% de la oferta concertada de la región. Ambas consideran «vital» contar «con pruebas y sistemas de protección para todos».