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CH. TUYA / M. VARELA
GIJÓN.
Jueves, 26 de marzo 2020, 01:29
El martes, Inspección de Trabajo dio dos días de plazo al Principado para dotar de material de protección y aplicar el protocolo contra el COVID-19 a las plantillas de las residencias Santa Teresa, en Oviedo, y la Mixta de Pumarín, en Gijón. Ayer, ... la Fiscalía Superior del Principado anunció que ha comenzado a analizar la situación de todas las residencias geriátricas de la región. Tanto públicas como privadas, aunque son las primeras las que acumulan el mayor número de casos, con ocho muertes, dos de ellas ayer mismo, en Grado, y más de cien personas contagiadas, entre usuarios y profesionales.
De acuerdo a los últimos datos facilitados ayer por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la pandemia se ha cobrado en la región la vida de ocho mayores usuarios de residencias geriátricas. Seis de ellos vivían en la de Grado, que es el principal foco de contagio. Los otros dos, en la residencia Palacio del Villar, en Piedras Blancas.
Ambos dispositivos acumulan el mayor número de contagios. Hasta que el Principado dejó de especificar el número de casos registrado en cada centro, el volumen de enfermos llegaba a 107, la mayoría residentes y trabajadores de Grado, donde se habla de 70 casos, y otros veinte en Castrillón. El resto de positivos en la red pública se reparten entre las residencias ovetenses de El Cristo, Santa Teresa y Naranco, la gijonesa Clara Ferrer y la de Moreda.
A esos se suman los doce positivos, nueve residentes y tres trabajadores, confirmados por la red privada. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar anunció ayer que, desde hoy, comenzará a multar a los centros que no faciliten la información.
Una que requerirá también la Fiscalía con el objetivo «no solo conocer la existencia de posibles personas enfermas o fallecidas» por coronavirus, sino también «las circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo un riesgo innecesario para todos los residentes y trabajadores de los establecimientos».
De hecho, el análisis ya comenzó en Langreo, con un informe elaborado de oficio por la Sección Territorial de la Fiscalía correspondiente a la cuenca del Nalón. Se hizo por iniciativa de su decano, Fernando Laserna, con el conocimiento de la Fiscal Superior de Asturias y la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. En ninguno de los once establecimientos del concejo, que cuentan con 687 residentes, existen ni positivos, aunque los centros revelaron escasez de material médico y de protección.
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En el informe se precisa que se detectaron algunos casos en el Sanatorio Adaro, entre residentes y profesionales. Todos permanecen aislados. En Ciaño, tanto en la Residencia Virgen del Carbayu, como en El Nadal, hay casos en análisis. En la primera, la dirección espera el resultado forense de un fallecido y mantiene a dos residentes en aislamiento. En la segunda, un usuario que acude a otro centro dos veces por semana para un tratamiento médico, ha sido aislado del resto.
Mientras el Principado asegura a la Fiscalía que le ofrece «toda su colaboración» en la investigación y anuncia el reparto de «8.000» mascarillas en todos los centros del ERA, trabajadores de la red pública y empresarios de la privada volvieron a mostrar ayer su enfado. Y por el mismo motivo. Si CC OO, CSI y CSIF insistieron en «la falta de material de protección» y en «la escasez de personal de refuerzo», desde Ascege y Aarte, las dos patronales del sector geriátrico, se repitió que «estamos confeccionando mascarillas nosotros mismos. Así no se evita el contagio».
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