EL COMERCIO
Miércoles, 25 de marzo 2020, 13:22
La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha anunciado que está analizando la situación de las residencias para personas de edad avanzada de la comunidad, tanto públicos como privados, «con el objetivo de recopilar toda la información necesaria para conocer la existencia no ... solo de posibles personas enfermas o fallecidas a consecuencia del coronavirus, sino también aquellas circunstancias asistenciales que puedan estar suponiendo un riesgo innecesario para todos los residentes y trabajadores de los establecimientos».
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En un comunicado remitido este jueves, la Fiscalía explica que este procedimiento —un expediente gubernativo abierto, incoado a instancias de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado—« responde a la labor tuitiva respecto de las personas ancianas y discapacitadas que desarrolla el Ministerio Fiscal y las facultades que le otorga para ello el Estatuto Orgánico». Asimismo, la fiscal superior, María Esther Fernández García, ha ofrecido al Principado su «total colaboración en todo aquello que resulte necesario para garantizar la seguridad y la asistencia sanitaria de este colectivo». Del resultado de este expediente se dará cuenta a la Fiscalía General del Estado y al Principado.
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Por su parte, el Gobierno del Principado anuncia que ofrece su absoluta colaboración a la Fiscalía para reforzar el control y apoyo a todas las residencias ante el coronavirus. En este sentido, la Consejería de Derechos Sociales facilitará al ministerio público información sistemática y actualizada de los centros, sean privados o titularidad del Principado. De hecho, las Fiscalías asturianas ya habían solicitado este miércoles información al Principado, a través de la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales, y también a las residencias tanto públicas como privadas de Asturias. Algunas de ellas han remitido directamente la información requerida y el resto lo hará ya a través de la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, que ha centralizado la recepción de toda la documentación desde este jueves.
Asimismo, la fiscal superior ha ofrecido a la Dirección General de Gestión de Servicios Sociales toda la información que se ha podido recopilar hasta este momento y ha reiterado «su ofrecimiento para garantizar la seguridad y protección de todas las personas vinculadas a estos centros y paliar las deficiencias que se hayan detectado».
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La Fiscalía señala que la información recibida se irá actualizando periódicamente.
La Inspección de Trabajo ya envió un requerimiento a Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) para que en la Mixta y Santa Teresa se adopten en el plazo de dos días «las medidas adecuadas para evitar aglomeraciones y controlar que los residentes y los empleados mantengan la distancia de seguridad de, al menos, un metro» y se doten «todas las medidas de protección necesarias para evitar contagios», como «equipos de protección individual, guantes, mascarillas y gel desinfectante».
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