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S. S. FERRERÍA/J. L. GONZÁLEZ
OVIEDO.
Martes, 31 de marzo 2020, 03:34
Preocupación y confusión. Así se resumen las sensaciones de los empresarios asturianos tras publicarse el Real Decreto por el que se prohiben aquellas actividades que no sean esenciales. A eso se unió que la industria asturiana no esté contemplada como esencial. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, afirmó que «esto no es una hibernación económica, solo es una hibernación de ingresos». Y es que a su juicio, el parón de la actividad genera una pérdida de ingresos al no poder producir o vender, mientras que hay que atender a los costes asociados a la empresa, como el pago de nóminas a los trabajadores, los seguros sociales y los impuestos. El líder de la patronal asturiana advirtió del «tremendo daño» que la paralización tendrán en la pequeña y mediana empresa de la región.
Desde la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) alertaron de que la paralización total del sector, principalmente en pymes «puede suponer tras la crisis el cierre total y la destrucción del empleo».
Asimismo, indicaron que existen empresas que por su modelo y sistema de producción utilizan procesos que no permiten la paralización total, y además, que el sector concentra el 70% de las exportaciones de la región y desde la publicación del decreto muchas empresas se verán incapacitadas para atender pedidos o entregar ofertas en el plazo pactado.
Por ello, consideran «imprescindible» que se permita una actividad mínima y de mantenimiento para «allanar» la futura recuperación de la actividad.
El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera, hizo alusión a la «gran confusión» generada por la falta de concreción de algunas actividades esenciales y por su publicación a última hora de la noche del domingo.
Asimismo Noguera afirmó que se deben acatar las medidas sanitarias de lucha contra el coronavirus, pero que el Real Decreto debería haberse elaborado con el «consenso y los plazos necesarios para evitar los problemas con los que se están encontrando las empresas y, consecuentemente, el problema económico que esto va a generar».
«Tanto en el fondo como en la forma el real decreto denota decisiones tomadas más desde el sesgo político que desde argumentos técnicos meditados y consensuados», indicó.
El vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira coincidió con Noguera en que el decreto es «más ideológico y político que técnico y científico». A juicio de Ferreira, la única forma de aceptar medidas «tan drásticas y de costes tan gigantes» sería que la decisión fuera «consecuencia» de una recomendación rotunda del consenso de expertos en salud pública. Así, desde la Cámara ovetense manifestaron su rechazo y reivindicación: «Salvar vidas, por supuesto, pero también salvar empresas y empleos».
La construcción es uno de los sectores más afectados, por ello el presidente de CAC-Asprocon Joel García pidió medidas «fundamentales» entre las que se encuentra que las licitaciones salgan por trámites de urgencia en cuanto se levante el estado de alarma sanitario; que se liberalicen las licencias que hay en los Ayuntamientos «porque si salimos de esta crisis con la carga burocrática que teníamos el sector lo va a pasar muy mal»; y que los consistorios puedan disponer de los fondos que tienen en los bancos a plazo fijo «y se olviden del techo de gasto».
El transporte es otro sector que se verá afectado. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra criticó la falta de «interpretación del decreto» y pidió que se determine «más claramente».
Los autónomos no se verán afectados por este decreto, según apuntó Patricia Oreña desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y también el Consejo General de la Abogacía para quien la norma no es aplicable a las personas que trabajan por cuenta propia.
Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) manifestaron que el empresariado está «desesperado y harto» por unas medidas que van «en contra de la recuperación económica».
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