Expertos internacionales en derecho de autor reivindican la importancia de los contenidos editoriales ante la IA

Desde Ifrro, la federación internacional que agrupa a más de 150 asociaciones que gestionan los derechos de propiedad intelectual del sector editorial, y Cedro, entidad de gestión de derechos de autor de escritores, traductores, periodistas y editores de libros, periódicos, revistas y partituras en España, aseguran que los contenidos editoriales son elementos clave para que los ciudadanos puedan acceder a la Inteligencia Artificial (IA) de forma legal, crítica, responsable y segura. Por este motivo, abogan por desarrollar estrategias nacionales dirigidas a fortalecer los derechos de autor del sector editorial, con el fin de hacer una cultura escrita sostenible.

En esta línes, los próximos 28 y 29 de mayor, se va a celebrar en Valencia un encuentro con más de 130 expertos internacionales en propiedad intelectual para analizar los temas más importantes en materia de propiedad intelectual que afectan a los autores y editores del sector editorial. En este evento, cuyo anfitrión es Cedro, van a prestar especial a la IA Generativa y su impacto en el sector de los libros y la prensa.

A este respecto, el director general de Cedro, Jorge Corrales, afirma que «para que la sociedad pueda ejercer una autoridad efectiva sobre la inteligencia artificial, es esencial que los ciudadanos estén bien informados y culturalmente formados en este nuevo marco económico y social». En esta misma línea, subraya que «solo a través de una base sólida de conocimiento y valores culturales podremos hacer un uso legal, crítico, seguro y responsable de la IA, evitando así los sesgos, la desinformación y la homogeneización del pensamiento».

En relación a la reciente regulación europea sobre IA, Corrales lamenta que «solo introduce cuestiones básicas sobre propiedad intelectual y es importante que Europa empiece a tener en cuenta en sus iniciativas legislativas los derechos de autor como un elemento básico para garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad».

La presidenta de Ifrro, Tracey Armstrong, explica que «trabaja por un futuro en el que los derechos de los autores y editores sean valorados cuando sus obras sean utilizadas por otros y también fomenta la colaboración internacional en este sentido». La directora ejecutiva de esta federación, Anita Huss-Ekerhult, ha presentado los modelos de países que han desarrollado estrategias dirigidas a fortalecer los derechos de los autores y editores del sector de las publicaciones y considera que «a lo largo de los años, la gestión colectiva ha demostrado ser una solución eficaz para conceder a los usuarios acceso a materiales protegidos por derechos de autor. Existen varios países europeos que otorgan licencias a todo tipo de usuarios, incluida la administración pública, para que puedan utilizar materiales protegidos respetando y compensando a los autores y editores, entre otros, Francia, Reino Unido y los países nórdicos».

Tanto Ifrro como Cedro han coincidido en la conveniencia de desarrollar estrategias nacionales, lideradas por la administración pública, que estén dirigidas a promover los derechos de propiedad intelectual para fortalecer el sector editorial, pilar de las sociedades democráticas y de su desarrollo educativo, cultural y económico.

El director general de Cedro afirma que se trata de estrategias fáciles de implementar, asumibles y sostenibles a largo plazo, y contribuirían a acabar con la desventaja competitiva que sufre el sector editorial español frente a otros países que sí cuentan con estas estrategias, tal y como puso de manifiesto el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado del pasado año.

Además, ha asegurado que se trata de un planteamiento complementario a las políticas adoptadas por el Gobierno en materia de acceso abierto y ha alertado que «si no se logra un equilibrio entre 'todo en abierto' y el reconocimiento económico a los titulares de derechos vamos encaminados a una sociedad que no valore la cultura ni a los autores» y ha avisado de que «el ciudadano no tendrá capacidad de reconocer los contenidos de calidad puesto que iremos avocados a un entorno donde habrá una masificación de estos productos que no estarán ligados ni a la creación intelectual ni a la calidad».

Corrales concluye que «garantizar los derechos de la cultura escrita, supone asegurar a los ciudadanos su derecho a la cultura».

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