El exnovio de la chica muerta en Benicàssim, investigado por tres delitos de lesiones

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado recibió el 15 de diciembre la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación. Ese mismo día, la jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en dicho juzgado, detalla el alto tribunal valenciano.

Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. No obstante, el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran "contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques", explica el órgano judicial.

El fiscal solicitó entonces nuevas diligencias para completar la instrucción. Entre ellas, pidió que se tomara declaración a tres testigos, que se requirieran las grabaciones de un bar en el que la denunciante contaba que había sufrido uno de los episodios violentos y que se pidiera información a un centro médico al que la chica acudió en una ocasión tras una de las agresiones relatadas. En aquella ocasión, la víctima no refirió al personal sanitario el origen de los daños de los que fue atendida.

A la espera de la práctica de esas diligencias, el fiscal pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima por cualquier vía, petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante, quien no solicitó ninguna medida complementaria. Ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados, señala el TSJ.

Por otra parte, el supuesto agresor había sido condenado en septiembre 2013 a 64 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior, a la que en una ocasión dio una bofetada cuando volvían de una fiesta y en otra ocasión amenazó.

Fue una sentencia de conformidad, en la que el maltratador reconoció los hechos y aceptó la pena que le pedía el fiscal.