«Que mi güelín vuelva de una vez»

Después de siete años de litigios judiciales, ayer se inició al fin la exhumación de 128 de las más de 33.000 víctimas de la Guerra Civil que fueron trasladadas a las criptas de la basílica del Valle de Cuelgamuros sin consentimiento de sus familiares. Un «día de muchos nervios» para la gijonesa afincada en Villaviciosa Maribel Luna Baragaño, que no parará hasta traer de vuelta a Asturias los restos de su abuelo, el minero y cenetista de Candaneo (Langreo) Aquilino Baragaño Montes -'Quilinín' para los suyos-, que luchó en el Batallón 210 Higinio Carrocera y que recibió un disparo mortal en la cabeza en el frente de Belmonte el 22 de marzo de 1937. Tenía solo 26 años.

«Estoy muy contenta porque por fin entraron, pero también intranquila porque me parece terrible que todo esto dependa de lo que se vote el 23 de julio», relata esta mujer que en 2006 emprendió una lucha sin cuartel para localizarlo y que repite casi a la desesperada: «Que mi güelín vuelva de una vez».

Sabe que el tortuoso camino que comenzó entonces ahora puede verse de nuevo truncado, como también lo sabe el Ejecutivo central, que acelera la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ante el temor de perder las generales del 23-J y de que Alberto Núñez Feijóo cumpla su promesa de derogar la norma nada más llegar a la Moncloa. «Una auténtica vergüenza», en palabras de Maribel Luna, que explica que el tiempo juega en su contra en caso de que cambie el Gobierno: «Acaban de empezar a exhumar por el nivel cero, pero mi güelu está en el tercero y, en un mes y medio, no les va a dar tiempo a llegar hasta él».

De momento, el Ministerio de Presidencia ha instalado un laboratorio portátil que incluye máquinas de rayos X para que técnicos forenses y genetistas comparen el ADN de las víctimas con el de sus familiares. Como principal escollo se encuentra el mal estado de las criptas a causa de la humedad. Además, la debilidad de la estructura supone un riesgo para la integridad de los profesionales que se introduzcan en ellas. Hay cinco plantas de columbarios que podrían derrumbarse.

El Gobierno niega que las exhumaciones se hayan ordenado por interés electoral y se remite a aplicación de la norma y el deseo de las familias. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, afirmó que quienes defienden «derogar el sanchismo» también pretenden paralizar acciones como la de la reparación de las víctimas del franquismo. El ministro Félix Bolaños añadió que se trata de una cuestión de justicia y humanidad, y sostuvo que, si se ha tardado años en comenzar las exhumaciones, se ha debido a las «dificultades jurídicas y técnicas» del proceso.

La respuesta de los populares llegó por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según afirmó Isabel Díaz Ayuso, desde Moncloa se persiguen fines electoralistas. «Es un poco más de lo mismo: la utilización por parte del Gobierno no solo de las instituciones, sino de la Historia de España, y no puedo más que condenarlo», censuró la baronesa del PP.

Una condena que pone en riesgo la plena aplicación de la ley, a la que aún le quedan muchas asignaturas pendientes, que para completarse dependerán del próximo inquilino de Moncloa. Al Ejecutivo de coalición se le ha agotado el tiempo para expulsar a la orden benedictina de la basílica de Cuelgamuros o la ilegalización de la Fundación Francisco Franco por apología de la dictadura. También para proceder a la exhumación de las más de 110.000 víctimas de la Guerra Civil -según el último balance oficial- que, más de ochenta años después, yacen aún en las cunetas.