En la ruta hacia una nueva Cumbre del Clima, que se espera para noviembre en Glasgow después de su suspensión el año pasado, comienzan a tomar posiciones los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil organizada, y aunque convergen en los foros, como sucedió, por ... ejemplo, en la COP25 celebrada en Madrid en 2019, sus argumentos pueden resultar antagónicos y sus pesos en las negociaciones disímiles. Sin embargo, hay algo que comparten tanto el Gobierno español como las ONG ambientales: un cierto sabor a fracaso en cuanto a los logros reales para reducir las emisiones de carbono a nivel mundial, y llegar al ansiado objetivo marcado en el Acuerdo de París, de no sobrepasar el grado y medio de calentamiento global con respecto a los niveles preindustriales.
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«Pobres» son los resultados de los compromisos de los 48 países que han comunicado sus logros a las Naciones Unidas, según los calificó Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Otros 27 han prorrogado la comunicación de sus rendimientos. «Estamos muy por debajo de lo que nos comprometimos a hacer como países», dijo en la jornada 'El camino a COP26: un año de recuperación y ambición climática', organizado por su propio ministerio, el Real Instituto Elcano y las embajadas de Reino Unido e Italia.
«El informe de la ONU ha apuntado claramente que las emisiones sólo se reducirán un 1% en 2030 con respecto a 2010, pero la ciencia nos dice que debería ser un 45%, para estar por debajo del grado y medio», afirmó Mar Asunción, responsable de Clima y Energía de WWF, en el mismo foro. «Hay que pasar del reconocimiento de una emergencia climática a actuar como se hace en una emergencia real». «Los compromisos actuales de los Estados nos conducen a una catástrofe», sentenció Tatiana Nuño, responsable de Campañas de Cambio Climático de Greenpeace.
En esta valoración terminaba la coincidencia entre las ONG y el Gobierno, porque las primeras indicaron que parte del problema está en la poca «ambición» de España, incluyendo la 'Ley de cambio climático y transición ecológica' que se tramita en el Parlamento. «Es insuficiente y llega tarde porque se opta por una reducción del 23% con respecto a 1990, pero se necesita un 65%. ¿Por qué no está España liderando este proceso?», se preguntó Diego Ferraz, portavoz de Fridays for Future.
Ribera, unos minutos antes, adelantaba que en estos tiempos «de complejidad muy clara» y «aumento de expectativas» se debía «demostrar que hacemos aportaciones precisas y convincentes, y revisar al alza las contribuciones nacionales», aunque no dio detalles, en una intervención sin preguntas, si se refería a los propios objetivos del Gobierno dentro de sus planes relacionados con el cambio climático y la energía. También mantuvo que la «senda de la reducción de emisiones para 2030» debía ser «precisa, creíble y convincente». Es decir, alcanzables y realistas. «Qué estupendo sería salir de Glasgow con un mapa claro de cómo son las hojas de ruta de cada uno de los países para lograr la descarbonización a medio plazo».
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En una «agenda enormemente transversal» todavía se debe «completar el libro de reglas del acuerdo de París, en lo que respecta a los mercados, que deben ser robustos, y a los flecos que todavía faltan en transparencia», dijo Ribera. Pero hay también otras «agendas» con las que acoplar la salvación del planeta, advierte, como la del comercio y la financiera. En todo caso, prosiguió Ribera, en la COP25, que ella lideró, se «visibilizó cómo todos los actores, públicos y privados» se implicaban con la mitigación del cambio climático.
«Para que Glasgow sea un hito no debe parecerse en nada a la COP25», refutó Ferraz. «El principal objetivo era desarrollar el artículo 6 sobre los mercados de carbono, y no se llegó a nada». Los acuerdos concretos para Glasgow que piden las organizaciones reunidas en la jornada son «resolver el artículo 6 dejando fuera las falsas soluciones», «asegurar que los fondos de recuperación económica se utilizan para cambiar el rumbo realmente» y «acabar con las subvenciones de los combustibles fósiles y otras que dañan la biodiversidad». Además piden que se regule la asistencia y el patrocinio de las empresas de energía fósil que en las «últimas COP han generado un conflicto de interés».
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En cuanto a España, debe «actualizar su compromiso de reducción de emisiones». «Más ahora que nunca, con el contexto de pandemia y los miles de millones de euros que recibiremos», pidió Greenpeace, «debemos actualizar esos objetivos para garantizar que la recuperación económica es justa y es verde».
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