España se dota de su primera ley contra el cambio climático

España se sumará así a la vanguardia mundial contra el calentamiento global, liderada por la ambición climática de la Unión Europea y alentada por la reciente vuelta de Estados Unidos, el segundo mayor emisor mundial, a los compromisos de París tras la victoria de Joe Biden. Si el mundo destierra el petróleo y sus derivados de sus formas de vida el premio será frenar el aumento de la temperatura de la Tierra en los 1,5 o 2 grados centígrados, lo que minimizaría los efectos del cambio climático y evitaría las enormes catástrofes naturales y hambrunas que todos los científicos anuncian para el caso de que no haya una rápida rectificación.

El Congreso avala las enmiendas introducidas en el Senado y aprueba de manera definitiva la ley con una muy amplia mayoría (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Ciudadanos, EH Bildu y buena parte del Grupo Mixto), con los únicos noes de Vox y la abstención de PP y Más País. En el caso de las extrema derecha porque cree que la emergencia climática es un invento, la abstención de los populares se debe a que pronostican que las medidas van a cerrar industrias y a generar desempleo, y la de los verdes se debe a que denuncian que la regulación se queda corta de ambición.

La regulación se marca como objetivos para 2050 la «neutralidad climática» -que no se emita más CO2 del que son capaces de capturar bosques y lagunas de forma natural- y que el 100% de la electricidad proceda de fuentes renovables. Pero no vale hacerlo de cualquier manera. Es fundamental que buena parte de la reducción de emisiones se logre para 2030, pues, de no ser así, los científicos temen que el fenómeno sea ya irreversible.

El proyecto aprobado por el Congreso prevé que, para dentro de nueve años, España habrá reducido sus emisiones de CO2 un 23% con respecto al año de referencia mundial (1990), momento para el que ya se habrá logrado que el 42% de la energía consumida -incluido el transporte y la industria- proceda de renovables, y se habrá aumentado la eficiencia energética en un 39,5%. Además, el Gobierno se compromete a revisar «al alza» estos objetivos de recorte para 2030 en solo dos años, para 2023.

Entre las medidas principales para lograr estos objetivos, además de la generalización de las energías renovables, están el fin en 2040 de las ventas de turismos nuevos que quemen combustibles fósiles -sobre todo gasolina y diésel- y su retirada de la circulación en 2050; la implantación de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 20.000 habitantes antes de 2023; y el fomento de la movilidad eléctrica, del transporte público y de los puntos de recarga en gasolineras y viviendas.

La ley supondrá el fin de la extracción de hidrocarburos y carbón y la prohibición del 'fracking'. Con su entrada en vigor, no se autorizarán nuevas explotaciones de combustibles fósiles, pero tampoco de uranio, el alimento de las nucleares, que van camino del cierre.

La norma prevé el uso de materiales con baja huella de carbono para la construcción y el incentivo de la rehabilitación de viviendas, enfocada al ahorro energético, al autoconsumo y al uso de renovables. La regulación no permitirá construir en las costas con incidencias de cambio climático y la instalación de parques eólicos y solares deberá ser «compatible con la conservación del patrimonio natural».