España se convierte en el sexto país del mundo que regula por ley la eutanasia

Con la excepción de PP, Vox y UPN, que se manifestaron en contra del texto, la propuesta del PSOE consiguió el respaldo de la izquierda, los liberales, independentistas vascos y catalanes y partidos de inspiración cristiana como los nacionalistas del PNV. La iniciativa sumó 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. El proyecto se enviará ahora al Senado, donde se debatirá durante el mes de febrero, de manera que entrará en vigor en marzo.

La ley en ciernes contempla la ayuda a morir como una prestación de la cartera de servicios del sistema nacional de salud. Está concebida para quienes padezcan «una enfermedad grave, incurable e invalidante», la cual ha de ser certificada siempre por un facultativo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, consideró que el texto, promovido por los socialistas, es «moderno y garantista». «Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión», dijo el titular del departamento en la Cámara baja.

La norma, que prevé la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, convierte a España en el sexto país del mundo que ha legislado sobre el asunto, después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia.

Para la portavoz socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la norma está respaldada, según las encuestas, por el 85% de la sociedad española, lo que representa un apoyo de 40 millones de personas. «Nadie puede obligar a alargar la vida de otras personas», aseguró Carcedo, quien adujo que cada vez que en el Parlamento se debaten nuevos derechos, los conservadores se enzarzan en posturas «apocalípticas». «Bien es cierto que luego los asumen y practican».

José Ignacio Echániz, del PP, argumentó que allí donde ha sido aprobada la eutanasia, la experiencia ha sido negativa. Puso como ejemplo que en los Países Bajos la eutanasia se aplicó a bebés con espina bífida. El portavoz popular aseveró que justo cuando la sociedad española ha contraído una deuda con los mayores y los médicos a raíz de la pandemia, se promueve esta ley, un gesto que demuestra la escasa sensibilidad del Gobierno. «La muerte no es ninguna terapia», sentenció el diputado, quien tildó la norma de «injusta, inoportuna e inconstitucional». El PP insistió en la necesidad de universalizar los cuidados paliativos, porque sin ellos «no hay posibilidad de elección».

La ley suscitó en la Cámara una mayoría abigarrada. Ciudadanos, independentistas catalanes y vascos y otros grupos mostraron su acuerdo. «No debe sorprender que un partido liberal esté a favor de la libertad», sostuvo la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

La intervención de la diputada de Vox Lourdes Méndez enconó el debate. Méndez tachó la ley de «despiadada, inhumana e ilegítima». Sostuvo que el texto permitirá al Estado matar a los discapacitados, y alentará la creación de una «industria de la muerte».

Rosa María Medel, de Unidas Podemos, acusó a la derecha de incongruencias en su discurso, y alegó que los conservadores hacen uso de la eutanasia pagándola en clínicas privadas y mediante la petición de favores a médicos amigos. «La barrera del dinero es infranqueable, es la línea que separa a ricos y pobres incluso ante la muerte».