El encarecimiento de la vivienda amenaza con sumergir en la pobreza a otros 780.000 niños

Unos 2,5 millones de niños españoles, casi uno de cada tres, están en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella en cualquier momento. Son los que viven en hogares con ingresos inferiores al 40% de la renta media española. Pero lo peor es que esta cifra se queda muy corta para retratar la realidad. Unicef calcula que si a los ingresos brutos familiares se le restase lo que les cuesta tener un lugar donde vivir, sea una casa o solo una habitación, se descubriría la renta verdaderamente disponible de estos hogares y que la tasa de pobreza infantil sube prácticamente diez puntos. Los menores españoles acosados por la penurias y la necesidades pasarían del 28,9% oficial al 38,6%. Estarían en la pobreza o muy cerca de ella casi cuatro de cada diez niños.

La gran subida de precios de la vivienda (un 47% en ocho años), las dificultades de acceso de las familias vulnerables, la enorme escasez de vivienda pública (la cuarta parte de la media europea), sobre todo en alquiler, o situaciones de discriminación en el acceso (por razón de etnia y nacionalidad, pero también, por ejemplo, las monoparentales), son algunas de las causas que llevan a muchas familias a soportar costes excesivos, que es la peligrosa situación en la que se encuentran quienes gastan más del 40% de sus ingresos en vivir bajo techo. Esto les lleva a disponer de menos recursos para otras necesidades de los niños, a vivir hacinados, en viviendas precarias o, directamente, en infraviviendas. Más de medio millón de niños y adolescentes residen en España en una vivienda que sufre carencias severas y el 16,7% de los hogares con niños no puede mantener la casa a una temperatura adecuada durante el invierno.

El 60% de las familias españolas con niños viven en alquiler -el doble de la media nacional- y hasta el 11,5% de los menores pertenecen a hogares sobrepasados por los gastos de residencia (la cuarta peor tasa de Europa), ya que las casas en situación de pobreza tienen hasta quince veces más posibilidades de caer en costes excesivos que las que no lo están. Uno de los reflejos de estas dificultades es que uno de cada cinco niños pobres viven en familias que se retrasan en el pago de la hipoteca o el alquiler, cuatro veces más que la media española.

La falta de una vivienda adecuada es un obstáculo para acceder al derecho a un nivel de vida apropiado y afecta a las oportunidades de futuro de los niños y adolescentes. Pasar demasiado frío o calor en casa, por ejemplo, puede derivar en problemas de salud física de los menores, que además están en mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos relacionados con incendios o intoxicaciones si viven en hogares donde se utilizan alternativas al suministro energético como velas o estufas.

La situación también es lesiva para la salud mental, con trastornos derivados de la incertidumbre ante la inseguridad residencial (los niños somatizan el estrés de los impagos de facturas) u ocasionados por vivir hacinados, con un solo baño para muchas personas o sin un lugar para estudiar. Todo ello impacta, finalmente, en las oportunidades de futuro de los menores que viven en hogares precarios, con mayor riesgo de fracaso y abandono escolar. Estos chicos, a menudo, tienen más dificultades para completar con normalidad la educación obligatoria porque no disponen de espacio propio, no pueden concentrarse o carecen de recursos básicos como luz y temperatura adecuadas o de la tecnología necesaria.

«Hemos comprobado que las tasas más altas de retrasos en pagos relacionados con vivienda se concentran en los hogares con niños o que la sobrecarga en el gasto en vivienda es mayor para los menores, cosa que solo ocurre en seis países de la UE. Es necesario abordar este problema y tener en cuenta a la infancia, algo que no está ocurriendo. El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, por ejemplo, no menciona ni una sola vez a los niños o a la infancia. Solo los considera un 'anexo' a la situación familiar. La infancia debe ser tenida en cuenta«, reclama José María Vera, director ejecutivo de Unicef España.